ECOLOGIA. GRANDES REPRESAS; RIOS HERIDOS

Sergio Rinaldi, Periodista Ambiental | Coordinador General del "Taller de Comunicación Ambiental" (Rosario).
La larga lucha de las organizaciones ambientalistas contra las grandes represas que lastiman los ríos del mundo no empezó ahora, y no cesará a corto plazo. Desde hace tiempo en estas páginas venimos reflejando esta batalla. En esta edición especial, aniversario Nº 26, de nuestra querida revista, seguimos exponiendo las acciones realizadas
NUESTRAS LUCHAS
Desde hace años, venimos escribiendo en esta querida revista acerca de la problemática del medio ambiente. Una de las "grandes luchas" que hemos relatado, son las acciones contra las grandes represas que lastiman nuestros queridos ríos del mundo. Así durante mucho tiempo, les informamos sobre la resistencia que se gestó en nuestro litoral contra la "Represa del Paraná Medio". Por suerte en nuestro región, esa "batalla" terminó con un rotundo triunfo de los ambientalistas y los pueblos que aman a sus ríos. No solo ese viejo proyecto no se realizó, sino que además los entrerrianos sancionaron la Ley por los "Ríos Libres y contra las Represas", forjando un extraordinario antecedente para defender a el Río Paraná y sus límites con nuestra provincia vecina.
También en estas páginas se escribieron las lides en la provincia de Misiones contra la represa de Corpus, como también algunas "acciones" en la Patagonia, contra represas que intentaron montar en los pristinos ríos de esa región.
Hoy lamentablemente en el noreste de nuestro país sobrevuelan los "fantasmas" de la construcción de proyectos de represas como el de Garabí, Roncador y nuevamente el proyecto "reciclado" de Corpus. También tenemos problemas en Corrientes, con el represamiento de Ayuí Grande. Sobre este tema conoceremos el posicionamiento de Greenpeace, como también el informe de la "Comisión Mundial de Represas". Por último el mensaje de un representante del pueblo "Térraba" de Costa Rica.

PROTECCION DE RÍOS
Y DERECHOS
TRAS DIEZ AÑOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN MUNDIAL DE REPRESAS

La nueva publicación de International Rivers (IR), “Protección de Ríos y Derechos: recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas para la acción”, coincide con los diez años del célebre Informe Final de la CMR.
El texto de la declaración de International Rivers contó con el apoyo de casi 80 organizaciones no gubernamentales y redes internacionales de todo el mundo.
El documento recuerda que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo alarmante, debido en parte a los daños causados por las represas y que el cambio climático aumentará los problemas provocados por las grandes hidroeléctricas.
Tenemos la responsabilidad de satisfacer las necesidades de agua y energía del mundo de manera equitativa, manteniendo los ríos saludables y los medios de subsistencia que de ellos dependen. Nos preocupan las grandes represas, su planificación, implementación y funcionamiento.
Una década después de que la Comisión Mundial de Represas (CMR) publicara su precursor Informe Final, la evidencia continúa señalando que estas obras –a menos que se desarrollen con los más estrictos estándares ambientales y sociales–, representan un costo significativo para la gente y el planeta.
La tercera Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica de la ONU (mayo 2010) indica que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo alarmante y que sus ecosistemas se encuentran incluso más amenazados que otros, debido en parte a los daños causados por las represas.
Un artículo científico publicado recientemente en Water Alternatives revela que 472 millones de personas se han visto negativamente afectadas aguas abajo de estos diques. Los autores afirman que esta situación "confiere carácter de urgente a la necesidad de evaluaciones más completas acerca de los costos de una represa y sus beneficios".
Los pueblos indígenas y tribales han sido afectados de manera desproporcionada por las grandes represas, perdiendo sus tierras y los recursos de los que dependen física, cultural y espiritualmente. Según un nuevo informe de Survival International, cientos de miles de pueblos indígenas desde Brasil a Etiopía se encuentran actualmente amenazados por represas planificadas.
El cambio climático aumentará los problemas provocados por éstas. Las alteraciones en los patrones de precipitaciones y el incremento de las inundaciones y las sequías pondrán en riesgo la seguridad de las represas, provocarán mayores daños sociales y ambientales, al mismo tiempo que debilitarán la viabilidad de generar energía hidroeléctrica mediante este formato. Por otra parte, la emisión de gases de efecto invernadero proveniente de los embalses se está convirtiendo en un gran problema en algunas regiones, como lo señala otro informe reciente de Water Alternatives.
Las grandes represas han fracasado sistemáticamente en cumplir con sus objetivos de producción, la CMR concluyó que el rendimiento de más de la mitad de los proyectos de energía hidroeléctrica y casi la mitad de los proyectos irrigación analizados, era muy bajo.
En el año 2000, luego de un proceso integral, independiente y participativo, la CMR propuso un marco comprensivo basado en los derechos
para la toma de decisiones sobre los proyectos de agua y energía.
Los principios expresados por la Comisión Mundial de Represas representan valores fundamentales de los derechos humanos y la sustentabilidad. Estos incluyen: la realización de evaluaciones de opciones integrales; el respeto de los derechos de las comunidades afectadas mediante la negociación de acuerdos legalmente vinculantes; asegurar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; la garantía de que las comunidades afectadas son las primeras en beneficiarse; la solución de los problemas provocados por proyectos ya existentes antes de construir nuevos; el suministro de caudales ambientales que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas río abajo y de los medios de subsistencia; y la exigencia de planes de cumplimiento fundados y ejecutables.
Aunque el informe de la CMR ha generado debate, sus principios fundamentales se han reflejado cada vez más en normas jurídicas. Por ejemplo, han sido incorporados a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a las políticas de salvaguarda del Banco Asiático de Desarrollo, a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, así como a legislaciones y políticas nacionales de China, Colombia, Nepal, Noruega, Vietnam y otros países. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas está lejos de ser completa en estos y otros países.
Como lo señaló recientemente la publicación de International Rivers “Protección de Ríos y Derechos: recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas para la acción”, los principios de la CMR también han sido valiosos en casos específicos.
A menudo existen mejores alternativas a las grandes represas, en particular para satisfacer las necesidades de agua y energía de las comunidades vulnerables o pobres. Estas alternativas son cada vez más viables en el sentido económico y en algunos casos superan el desarrollo de nuevos emprendimientos en la materia. En 2009, por ejemplo, se desarrolló mayor capacidad eólica que hidroeléctrica a nivel mundial, según el Informe 2010 de la situación global de las Energías Renovables de la REN21.
Un reciente artículo publicado en Scientific American sostiene que hacia 2030 será completamente posible satisfacer las necesidades energéticas de todo el mundo mediante fuentes de energía eólica, hídrica y solar. Menos del 9% de esta energía provendría de proyectos hidroeléctricos, la mayoría de los cuales ya han sido construidos. Numerosos ejemplos han demostrado que es posible satisfacer las necesidades de agua mediante su conservación, almacenamiento y suministro aplicando un enfoque descentralizado y a pequeña escala, a bajo costo y sin necesidad de construir represas destructivas.
Cuando se identifica una represa como la mejor solución luego de un proceso integral de evaluación de opciones transparente y participativo, es importante que se respeten estrictamente los criterios para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y proteger el medio ambiente.
La industria de las represas, mediante la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica y el Foro para la Evaluación de la Sostenibilidad de la Energía Hidroeléctrica (HSAF), acaba de desarrollar su propia herramienta de evaluación para los proyectos hidroeléctricos. Este proceso no incluyó a las personas afectadas ni a las redes de la sociedad civil del Sur en la mesa de negociaciones.
Consecuentemente, este protocolo de la HSAF no contempla los requisitos mínimos para la protección de los derechos de las personas y el ambiente. Ni siquiera pretende que los proyectos cumplan con las leyes nacionales y los convenios internacionales. Si bien el Protocolo HSAF ofrece una lista de control útil para quienes construyen la represa, no es posible que un enfoque limitado y voluntario sustituya a uno basado en los derechos como lo plantea la Comisión Mundial de Represas.
En el 10º aniversario de la Comisión Mundial de Represas, reafirmamos los principios basados en los derechos adoptados por el informe de la CMR y por numerosos convenios, leyes, políticas y reglamentos.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para defender los principios que han respaldado a través de diversas normas y estándares al momento de planificar, proyectar y construir represas. Al mismo tiempo, permanecemos abiertos a un diálogo con todos los actores (gobiernos, empresas, inversionistas y otros grupos de la sociedad civil) acerca de la protección de nuestros ríos y de los derechos de quienes más dependen de ellos.
POSICION DE
GREENPEACE
SOBRE EL PROYECTO:
REPRESA DEL
AYUÍ GRANDE

Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS DE CORRIENTES

Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio.
Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial.
El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.
Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.
Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.
Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho ordenamiento, mediante un documento conjunto.
Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.
En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.
Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia.
Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia.
Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques.
Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable.

LA CONSTRUCCIÓN DE
LA REPRESA DIQUIS
AFECTA A COMUNIDADES INDÍGENAS

Escrito por Elides Rivera (Indígena
Térraba), para Seminario Universidad
Si bien es cierto que la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís afectaría a más tierras campesinas, también es cierto que afectaría tierras indígenas.
El territorio indígena de Térraba perdería unas 700 hectáreas, más las que perdería el territorio indígena de China Kicha.
Aunque en estos territorios existan poseedores ilegales no son los dueños legítimos de estas tierras, porque según la ley indígena de Costa Rica del año 77, en su artículo 3 dice: “…estas reservas son inalienables, intransferibles únicas y exclusivas de cada pueblo indígena”.
Por tanto, me parece una falta de conocimiento asegurar que este proyecto de inversión no afecte a comunidades indígenas. Quizás muchos líderes campesinos sí ven con buenos ojos la construcción de este embalse, pero que no se olviden que, en Costa Rica, quien evalúa tierras es el IDA y no el ICE; para que el ICE les cumpla falta mucho.
Estos líderes deberían investigar más acerca del resto de proyectos de inversión en Costa Rica, donde hay zonas con cero población indígena, pero que están enfrentando problemas de pérdida de tierras y propiedades declaradas, que el Gobierno y el Estado no han cumplido con sus promesas de campaña, para vender a la población tales proyectos; uno de los casos es la nueva ruta a Caldera, uno entre tantos; podemos citar otros.
En Térraba el problema no es con cuatro familias, sino con una parte del pueblo, que sí está claro de los daños que causan estos proyectos: pérdida de espacio territorial, bosques, aguas, cultura y un derecho a la vida sana; que no dice sí ante un espejo o una ilusión; a los que creemos firmemente que la tarea que nos dejaron nuestros antepasados es de velar, cuidar y respetar lo que nos heredaron ellos.
Creo importante hacer público que la situación indígena en los territorios es única y exclusiva de los indígenas, no de dirigentes campesinos que desconocen la ley nacional e internacional, que tutela los derechos de estos pueblos originarios.
A nuestros hermanos indígenas que ven en este proyecto una alternativa de trabajo, les hacemos un llamado a reflexionar sobre el impacto social, cultural y ambiental. A los 517 años no permitamos que la conquista se lleve el agua, el bosque y nuestros pueblos.