CONCEJO MUNICIPAL. PRESENTACIONES

En nuestro número aniversario, volvemos con una sección que supimos tener
en los inicios. El accionar de los concejales de la ciudad. Sus ideas y proyectos.
BOASSO PROPUSO PREMIAR ANUALMENTE LA EFICIENCIA EN LAS COMISARÍAS
El concejal Jorge Boasso, de Intransigencia y Renovación Radical, ingresó al Concejo un proyecto de ordenanza mediante el cual se crea una partida presupuestaria de asignación específica, por un monto de al menos la suma de $ 500.000, que será destinada a premiar, a fin de cada año, a aquella seccional que mejor se haya desenvuelto en términos de reducción del delito en la respectiva jurisdicción.
Dicho premio deberá destinarse al pago, durante el transcurso de un año, de un adicional mensual del sueldo respectivo de cada agente policial que haya cumplido funciones en dicha comisaría de manera permanente y a la incorporación de mejoras en equipamiento e infraestructura, con rendición de cuentas al Departamento Ejecutivo y al Concejo Municipal de Rosario.

Metodología
Está previsto en el proyecto que se cree un Consejo Consultivo Ad-hoc, el que tendrá la tarea de designar a la seccional beneficiaría, así como también la metodología y parámetros mediante los cuales será evaluada.
Para conformar el Consejo se invitará a las asociaciones vecinales, expertos y profesionales en seguridad y prevención del delito, ONGs que demuestren interés en la materia y toda otra persona física o jurídica que aporte a los fines de la presente ordenanza.

Acta certificada
La decisión sobre la comisaría que resultare beneficiaria y la forma en que se arribó a dicha decisión, deberá constar en acta certificada por escribano público y realizarse mediante un acto público, al cual se invitará a representantes de distintas entidades como a autoridades del Ejecutivo y el Concejo Municipal de Rosario.

PROMUEVEN LA CREACIÓN DE
UNA DEFENSORIA DEL PUEBLO MUNICIPAL
Los concejales María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa, del Bloque Encuentro por Rosario, presentaron un proyecto para crear, en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, una Defensoría del Pueblo.
La iniciativa se enmarca en “la necesidad de acompañar institucionalmente el desarrollo urbano, social, económico y demográfico de la ciudad, con un Estado gestor de nuevas y mejores formas de organización, que coadyuven a la protección y defensa de los derechos individuales y sociales, garantizando el respeto de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la normativa local”.
Al referirse a la propuesta, la concejala Bielsa explicó: “Pensamos que, al igual que en otras ciudades de nuestro país, como Bariloche, Paraná y Salta entre otras, Rosario debe contar con un organismo de este tipo. En los grandes centros urbanos, muchas veces no alcanza con descentralizar de las funciones administrativas del Estado para dar cabida a las demandas y responder de manera eficiente frente a ellas.
Creemos que una figura como la del Defensor del Pueblo, será de gran utilidad porque velará por el cumplimiento de los procesos y la normativa vigente, en tanto ejercerá la tutela de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a irregularidades de la Administración Municipal”.
“En este sentido – continuó Bielsa – vale aclarar que se entiende por Administración Municipal, no sólo el Ejecutivo y los órganos descentralizados, sino todos los servicios públicos concesionados por el Estado local”.

Incorporación
Por otra parte, el concejal Rosúa expresó que “en nuestro país el Defensor del Pueblo fue incorporado a través de la Reforma Constitucional de 1994. A partir de allí, diversas provincias y ciudades han incorporado esta figura que ha tomado relevancia a lo largo del tiempo, en su papel de defensor activo de los derechos de la ciudadanía”.
Luego Rosúa recordó que “nuestra provincia cuenta con un Defensor del Pueblo desde el año 1990, pero tiene limitaciones para actuar en las problemáticas planteadas en el ámbito municipal.
Esto a sido reconocido por el actual Defensor, el Dr. Edgardo Bistoletti, quien se manifestó a favor de la creación de defensorías locales para superar estos inconvenientes”.
Cabe destacar que el mecanismo propuesto para la elección del Defensor del Pueblo, difiere del establecido a nivel provincial, donde es el Poder Ejecutivo quien lo postula con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
En este caso, será la población quien lo elija, a través de un sistema de elección que será reglamentado por el Departamento Ejecutivo local. Se propone además que aquellas personas que se postulen para ocupar dicho cargo, deberán reunir las mismas condiciones exigidas por la Carta Orgánica de Municipalidades para ser concejal y, del mismo modo, su mandato será por cuatro años.
Funciones
En cuanto a las funciones del Defensor del Pueblo, ante una denuncia o reclamo presentado por un vecino de la ciudad sobre una problemática suscitada en alguna dependencia municipal así como también con los prestatarios de servicios concesionados (taxis, transporte urbano de pasajeros, recolección de residuos), podrá investigar el caso.
Para ello tendrá la facultad de solicitar informes, vista de expedientes, realizar inspecciones a entes, organismos y empresas bajo control estatal y solicitar el testimonio de los presuntos responsables, testigos y denunciantes, todo ello con el fin de esclarecer y resolver el caso denunciado.
Informe annual
Finalmente, es importante mencionar que el Defensor del Pueblo deberá dar cuenta de la labor realizada ante el Concejo Municipal, por intermedio de un informe anual que presentará por escrito antes del 1º de diciembre de cada año.

PROMUEVEN LA CREACIÓN DE
UNA DEFENSORIA DEL PUEBLO MUNICIPAL
Los concejales María Eugenia Bielsa y Fernando Rosúa, del Bloque Encuentro por Rosario, presentaron un proyecto para crear, en el ámbito de la Municipalidad de Rosario, una Defensoría del Pueblo.
La iniciativa se enmarca en “la necesidad de acompañar institucionalmente el desarrollo urbano, social, económico y demográfico de la ciudad, con un Estado gestor de nuevas y mejores formas de organización, que coadyuven a la protección y defensa de los derechos individuales y sociales, garantizando el respeto de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la normativa local”.
Al referirse a la propuesta, la concejala Bielsa explicó: “Pensamos que, al igual que en otras ciudades de nuestro país, como Bariloche, Paraná y Salta entre otras, Rosario debe contar con un organismo de este tipo. En los grandes centros urbanos, muchas veces no alcanza con descentralizar de las funciones administrativas del Estado para dar cabida a las demandas y responder de manera eficiente frente a ellas.
Creemos que una figura como la del Defensor del Pueblo, será de gran utilidad porque velará por el cumplimiento de los procesos y la normativa vigente, en tanto ejercerá la tutela de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a irregularidades de la Administración Municipal”.
“En este sentido – continuó Bielsa – vale aclarar que se entiende por Administración Municipal, no sólo el Ejecutivo y los órganos descentralizados, sino todos los servicios públicos concesionados por el Estado local”.

Incorporación
Por otra parte, el concejal Rosúa expresó que “en nuestro país el Defensor del Pueblo fue incorporado a través de la Reforma Constitucional de 1994. A partir de allí, diversas provincias y ciudades han incorporado esta figura que ha tomado relevancia a lo largo del tiempo, en su papel de defensor activo de los derechos de la ciudadanía”.
Luego Rosúa recordó que “nuestra provincia cuenta con un Defensor del Pueblo desde el año 1990, pero tiene limitaciones para actuar en las problemáticas planteadas en el ámbito municipal.
Esto a sido reconocido por el actual Defensor, el Dr. Edgardo Bistoletti, quien se manifestó a favor de la creación de defensorías locales para superar estos inconvenientes”.
Cabe destacar que el mecanismo propuesto para la elección del Defensor del Pueblo, difiere del establecido a nivel provincial, donde es el Poder Ejecutivo quien lo postula con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
En este caso, será la población quien lo elija, a través de un sistema de elección que será reglamentado por el Departamento Ejecutivo local. Se propone además que aquellas personas que se postulen para ocupar dicho cargo, deberán reunir las mismas condiciones exigidas por la Carta Orgánica de Municipalidades para ser concejal y, del mismo modo, su mandato será por cuatro años.
Funciones
En cuanto a las funciones del Defensor del Pueblo, ante una denuncia o reclamo presentado por un vecino de la ciudad sobre una problemática suscitada en alguna dependencia municipal así como también con los prestatarios de servicios concesionados (taxis, transporte urbano de pasajeros, recolección de residuos), podrá investigar el caso.
Para ello tendrá la facultad de solicitar informes, vista de expedientes, realizar inspecciones a entes, organismos y empresas bajo control estatal y solicitar el testimonio de los presuntos responsables, testigos y denunciantes, todo ello con el fin de esclarecer y resolver el caso denunciado.

Informe anual
Finalmente, es importante mencionar que el Defensor del Pueblo deberá dar cuenta de la labor realizada ante el Concejo Municipal, por intermedio de un informe anual que presentará por escrito antes del 1º de diciembre de cada año.


PROPONEN EXCEPTUAR A ALTERNADORAS DE LA LIBRETA SANITARIA
PARA EVITAR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

La concejala del bloque Socialista Mariana Alonso presentó proyectos que tienen como objetivo resolver y aplicar medidas urgentes en contra de la violación de los derechos humanos como lo es la trata de mujeres con fines de explotación sexual en Rosario.
En ese sentido, especificó que se propone incorporar el artículo 9 bis a la ordenanza Nº 7218/2001, en el que se disponen requisitos particulares para autorizar la habilitación de locales del rubro cabarets y whiskerías.
En el nuevo artículo se indica que, los titulares de la habilitación de los citados tipos de locales deberán presentar los contratos de locación de servicios del personal para bailar y alternar, por el cual certifique el vínculo con cada una de las empleadas.
Asimismo, el Departamento Ejecutivo reglamentará los alcances de la definición de la actividad de alternar, explicitando que el titular del local no podrá exigir a los alternadores de uno u otro sexo a ofrecer ningún tipo de servicio sexual.
La modificación implica la puesta en vigencia de nuevos requisitos edilicios, ya que quedará prohibido que en los locales del rubro enunciado, existan habitaciones y o boxes privados dentro del local, salvo los destinados a vestuario y un camarín.
Alonso señaló que “quedan prohibido a partir de la vigencia de la modificación reglamentaria conexiones con instalaciones o inmuebles contiguos, no pudiendo plantearse como excepción las salidas de emergencia” y agregó que “el Ejecutivo a través del Área de la Mujer de la Secretaría de Promoción Social, deberá dictar cursos de capacitación dirigidos al personal, dependiente de la Dirección General de Inspección, sobre derechos humanos de las mujeres e introducción a la problemática de la trata de las mismas con fines de explotación sexual”.
Los locales habilitados tendrán un plazo de 60 días para ajustarse a los requisitos mencionados.

Libretas sanitarias
La edila socialista, por intermedio de otra de las ordenanzas ingresadas al Concejo, promueve que “queden exceptuadas las alternadoras de las libretas sanitarias, ya que ello daba lugar a que cumplan funciones que posibilitaban la explotación sexual y el proxenetismo”.
Paralelamente, la concejala socialista dispone que “el Ejecutivo, por intermedio del Programa Municipal de SIDA -Promusida- profundice el alcance del trabajo de prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), orientado a la población que atraviesa situación de prostitución.
En tal sentido, Alonso entiende que los objetivos a cumplimentar por el citado programa tendrán que ver con: autonomía para la negociación en el uso del preservativo, la posibilidad de negarse a una relación sexual coercitiva y lograr mayores grados de convencimiento de las mujeres y personas trans, de las opciones de vida y del cuidado de la salud.
La legisladora dejó claro que “Rosario no es la primera ciudad que va a modificar la ordenanza de espectáculos públicos y en lo que concierne a esta figura tan controvertida como lo es la de las alternadoras”.
“Hemos revisado ordenanzas y visto que no se les pide libreta sanitaria en otras ciudades. Si se mantiene la vigencia del documento, legalizamos la explotación sexual”, argumentó Alonso.
Cabe precisar que los proyectos fueron también firmados por el presidente y la vicepresidenta primera del Concejo Municipal, Miguel Zamarini y Norma López, respectivamente, y por los ediles Clara García, Viviana Foresi, Pablo Colono, Orlando Debiasi y Edgardo Falcón, del bloque Socialista; Daniela León, de la Unión Cívica Radical; Gonzalo del Cerro, de Convicción Radical “Arturo Illia” y Alfredo Curi, del Partido del Progreso Social.


CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Un proyecto que propicia incorporar como requisito previo a la habilitación de comercios en la ciudad, una capacitación en derechos de los consumidores fue presentado por el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, a quien acompañó la vicepresidenta primera del cuerpo, Norma López. Destacó el presidente del cuerpo que el proyecto -que también suscribió la edila Daniela León-, surgió a partir de una iniciativa de la Unión de Usuarios y Consumidores “con quienes compartimos la convicción de la necesidad de información y educación de todos los actores que integran las relaciones de consumo, para lograr una sociedad en la que a través del ejercicio de los derechos se acorten las diferencias y se eviten los conflictos”.
Las tareas de capacitación que propone el edil Zamarini en su ordenanza estarán a cargo del Concejo Municipal por intermedio de la Oficina Municipal del Consumidor, organismo que podrá celebrar convenios con organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y universidades para el dictado del curso formativo.
Por otra parte menciona que el Concejo Municipal creó en 1992 la Oficina Municipal del Consumidor, que entre cuyas funciones debe informar a los consumidores a fin de que al contratar cuenten con los elementos necesarios para elegir en las mejores condiciones posibles; también debe difundir entre los consumidores los derechos que como tales les asisten; advertir sobre prácticas desleales que perjudiquen a quienes contraten de buena fe y orientar a los consumidores sobre las ofertas más convenientes.
Remarcó el presidente del Concejo que “el reconocimiento de los derechos de usuarios y consumidores, la creación de espacios para el asesoramiento y la posibilidad de acompañamiento en el reclamo , permite que las relaciones comerciales y de consumo se desarrollen teniendo como pautas reglas más equitativas en el mercado”.
Considera asimismo que “un aporte importante a la construcción de ciudadanía es entender que los ciudadanos y ciudadanas, en tanto consumidores de bienes y servicios necesita contar con la información y las herramientas que les posibilite establecer relaciones equitativas de consumo”.
Estima el presidente del Concejo Municipal que “promover la difusión de los derechos del consumidor en los proveedores mejorará sustancialmente las relaciones de consumo en toda la cadena de valor de comercialización de productos, entendiendo a las mismas no sólo en términos económicos, sino de interacción social, generando relaciones más respetuosas de los derechos de quienes en los mercados se encuentran en posiciones más vulnerables”.