EL FISGON. DESPENALIZAR EL CONSUMO DE SEXO

Por Daniel Briguet

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“Proponen despenalizar la prostitución en Santa Fe” fue el flash radial que escuché la tarde del martes l3 de abril. Como se trataba de un boletín, no tuve oportunidad de precisar el alcance de un proyecto que se perfilaba de relieve. El miércoles busqué sin suerte mayor información en los diarios locales. La información apareció sin buscarla en un suelto de la edición nacional de Página l2. El título y la volanta eran elocuentes: “Código de faltas sin persecuciones” y “Buscan despenalizar la prostitución callejera”.
El primer párrafo decía textualmente: “A cinco años de la muerte de Sandra Cabrera y a sólo meses de que prescriba la causa, la provincia de Santa Fe podría derogar tres artículos que penan con hasta 20 días de arresto la prostitución “escandalosa y callejera”, la “ofensa al pudor” y el travestismo”. La iniciativa era del gobierno provincial, contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y debía sumar una aprobación de los senadores que tal vez, a la salida de esta edición, se haya concretado. Al flash radial que escuché le faltó un calificativo -“callejera”- para ubicar al oyente.

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Aunque tardía, la iniciativa del gobierno de Binner no deja de ser auspiciosa. El Código de Faltas cubre un amplio espectro de infracciones y contravenciones pero sale a relucir cuando se habla de prostitución o trabajo sexual. Las figuras en que se ha amparado hasta ahora -escándalo, ofensa al pudor- son ambiguas y anacrónicas y en la práctica han servido como instrumento de coerción contra las chicas y travestis que trabajan en la calle. Luego del crimen de Sandra Cabrera, que había bregado por la modificación del Código, el entonces gobernador, Jorge Obeid, anunció su derogación, hecho que nunca se produjo. La división Moralidad pública sólo perdió el nombre, sin alterar el statu quo vigente, y la muerte de la ex secretaria de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario) quedó bajo la sombra de la impunidad. Este cuadro se torna más denso aún si se incorporan las versiones según las cuales Sandra, además de su condición militante, era informante de la policía en el tema de la venta de drogas y estaba vinculada sentimentalmente a un miembro de la Fuerza. Fundadas o no, estas versiones trazaron un cuadro peligroso en el que la Justicia no pudo entrar.

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La venta de drogas en la calle, siquiera como hecho esporádico, expresa la declinación de la oferta sexual tradicional, recortada por el avance del travestismo y, más aún, por el auge de los departamentos “privados”. La expansión de esta modalidad en las últimas dos décadas dibuja un nuevo mercado en el que las chicas expuestas a la visión pública ocupan un sector minoritario. Son las que reivindican su independencia, sustentada en la agrupación que las defiende, pero compiten en desventaja con la oferta de servicios que publicitan los avisos de la prensa y otros medios. A su vez, la población cada vez más numerosa de los departamentos cuenta con el resguardo frente a la intemperie y el relativo anonimato de su prestación, a cambio de los cuales deben compartir con su empleador un equivalente de la mitad de los ingresos que genera. Como realizan un trabajo sin inscripción, en el ámbito de un negocio no habilitado, también aportan un excedente que va a parar a la Caja Negra de las fuerzas de seguridad, encargadas de velar por el regular funcionamiento de una actividad que no lo es. Este manto de discreción e ilegalidad se rasga con la ola de asaltos y ataques vandálicos a ”privados” que culmina con la muerte del custodio Emanuel Dal Mastro, el l8 de junio de 2009, en un local ubicado en Maipú y Mendoza.

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El crimen de Dal Mastro, un agente en actividad, pone en evidencia algo que muchos conocen. La conexión policial con el negocio del sexo, los lazos de corrupción, la zona gris que ocupan las chicas que prestan servicios y lo vulnerables que resultan al ocupar ese sitio. Las imágenes de los asaltantes tomadas por las cámaras de vigilancia se reproducen en miles de pantallas, dejando en suspenso el carácter clandestino de esta modalidad del trabajo sexual. Si un factor irritante de la presencia de mujeres y travestis en la calle era su visibilidad -cualquiera de ellos, por su sola condición, podía ser acusado de exhibición escandalosa- el crimen de Dal Mastro contribuye a hacer visible aquello que se sabe pero que se prefiere ignorar. El escándalo ahora es mediático. El poder político lanza una propuesta de consulta popular sobre legalización que no prospera. Después de un segundo crimen, el de Norma Penayo en un departamento de la calle Brown, la situación no sufre otras alteraciones que el procesamiento de dos sospechosos por el asesinato de Dal Mastro.

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Luego del envío a Senadores del proyecto que modifica el Código de Faltas, el legislador Juan Carlos Zabalza aclara que “no se trata de ninguna manera de legalizar los establecimientos donde se ejerce la prostitución ni la trata de personas. Por el contrario, apunta a la prevención y la persecución de estos delitos”. Estos conceptos coinciden con la Ley que no condena la prostitución sino el “proxenetismo” y refleja un imaginario vigente según el cual la única redención para la oferta de sexo es que se realice fuera de toda relación de dependencia. Lo que esta posición condena es la “explotación sexual”, argumento discutible si se advierte que, desde Marx en adelante, todo trabajo dependiente en el sistema en el que vivimos conlleva la apropiación de un excedente. En realidad, la objeción no parece estar allí sino en la conversión del cuerpo femenino en mercancía, dato que no es privativo del ámbito prostibulario y que puede encontrarse en amplias franjas de la industria gráfica y el comercio audiovisual. Sólo en el caso de la trata, que no recubre en esta ciudad una porción extensa, cabe la acción penal, referida antes al sometimiento de la víctima que a su explotación económica. La población dominante que trabaja en los privados está compuesta por mujeres que deciden ingresar por su propia voluntad, ante necesidades urgentes y la eventual y poco rentable perspectiva de tener que dedicarse a ocupaciones de menores ingresos. Al margen de cualquier juicio moral, la pregunta es: ¿Quién puede tomarse la atribución de interferir en el derecho que estas mujeres tienen de decidir sobre sus cuerpos?

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No es la moral de un grupo la que debe decidir en un tema que, directa o indirectamente, afecta a muchos ciudadanos. Afecta a las chicas que trabajan, privadas de encuadre laboral y de control médico y sanitario, y también a sus miles de clientes. La iniciativa del gobierno de Binner es estimable pero debería vérsela como la punta de un iceberg cuya masa mayor continúa sumergida. Para abordarla, hace falta la decisión política de blanquear la totalidad del mercado del sexo, ya que de todos modos representa una realidad establecida. Dar respuesta a las faltas en materia de salubridad, higiene, condiciones de empleo e, incluso, integridad física. Entonces aquel flash escuchado de la radio -“Despenalizan la prostitución en Santa Fe”- tendría otro alcance y otro sentido. Y si el lector piensa que esto es utópico, le pido que reflexione por qué es utópico.