Ecología: Sobre Los Fuegos (Y sobre la Problemática de la Basura)

Por_Sergio Rinaldi | Periodista y Miembro de la Coordinación del Taller Ecologista
En estos últimos tiempos el tema incendios, humo y cenizas han acaparado la atención nacional. Conoceremos en este número la pre-clara posición de los grupos ambientalistas del litoral que adelantaron hace ya tiempo atrás estas dolorosas consecuencias. Sobre qué hay que hacer, de aquí en adelante, quién suscribe adelanta su pensamiento, y de yapa una importante declaración sobre la problemática de la basura por parte de ONGs preocupadas por este temática.
Organizaciones ambientalistas denuncian la responsabilidad de Entre Ríos en los incendios
Las organizaciones Greenpeace, Taller Ecologista de Rosario, Fundación Proteger de Santa Fe y M’Biguá de Entre Ríos denunciaron a la provincia de Entre Ríos como responsable de los incendios en los humedales del Delta del Paraná, al promover la expansión de la actividad ganadera hacia los humedales del Delta del Paraná.
Las ONG’s declararon que ante la magnitud y duración de la catástrofe que ha costado vidas humanas y la pérdida total de ecosistemas a causa de los incendios que todavía hoy arrasan los humedales del Delta, es necesario señalar la incapacidad de previsión de la Secretaría de Producción entrerriana que promovió la Ley de Arrendamientos en 2004, y la de los legisladores de esa Provincia que la aprobaron.
“La quema de pasturas en los humedales del Delta del Paraná, tiene como objetivo expandir la actividad ganadera antes desarrollada en otras regiones”, explicó María Eugenia Testa, responsable de Campaña de Biocombustibles de Greenpeace y agregó: “la presión por lograr nuevas tierras para uso ganadero es otra de las facetas del modelo agropecuario de los últimos tiempos en Argentina, que se caracteriza por la expansión de la agricultura, monopolizada por la soja, a expensas de los últimos ecosistemas nativos”.
Los humedales del Delta pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de Mato Grosso en Brasil hasta el Río de la Plata (2). El Delta del Paraná alberga unas 700 especies vegetales, 543 especies de vertebrados y su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31 por ciento de la avifauna de la Argentina.
La destrucción del hábitat y el aumento de la presión sobre los recursos naturales se han revelado como factores principales de la disminución y desaparición de especies.
“Desde que comenzó a construirse la Conexión vial Rosario-Victoria, las organizaciones de Santa Fe y Entre Ríos advertimos sobre la necesidad de crear un área de protección para la zona”, dijo Jorge Capato de Fundación Proteger “ya que se podía presumir que iba a sufrir una mayor presión por su fácil acceso. Tres años después de su inauguración, se cuadruplicaron las cabezas de ganado lo que provocó una sobrecarga ambiental para el ecosistema”.
“Hemos advertido reiteradamente las consecuencias que tendría la Ley de Arrendamientos que aprobó Entre Ríos”, recordó Elba Stantich, de Taller Ecologista de Rosario, “ya que constituía claramente la llave para legalizar la expansión de la actividad ganadera en la zona de islas”.
A casi cuatro décadas de celebrarse por primera vez el Día de la Tierra (1), este 22 de abril, las organizaciones expresaron su indignación por la desidia de quienes tienen la obligación de velar por la protección del medioambiente “desde los organismos del Estado nacional, que han promovido durante los últimos años este modelo agropecuario hasta el sector privado, que ha estado actuando con irresponsabilidad y sin límite alguno en busca de aumentar sus ganancias”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace y advirtió: “no debemos pasar por alto que este descontrol ha sido activamente favorecido por las políticas promovidas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
Las organizaciones presentaron en forma conjunta a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y al Secretario de Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, un conjunto de medidas tendientes a garantizar la preservación de los humedales del Delta paranaense y los humedales del litoral fluvial en su totalidad. Entre las demandas, se destacan la aplicación de los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos; la reformulación del proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos y la recategorización como provincial a la zona de humedales, actualmente declarada área natural protegida por ordenanza de la Municipalidad de Victoria.

¡PARQUE NACIONAL YA!
Desde el inicio de la construcción de la Conexión Vial Rosario-Victoria, las organizaciones ambientalistas del litoral, han bregado por una adecuada protección de los humedales de la zona de influencia de la conexión.
Los dantescos incendios de estos días en las islas del delta entrerriano, con epicentros frente a la ciudad de Zárate en la provincia de Buenos Aires, y en el área de influencia del puente Rosario–Victoria dejaron al desnudo nuevamente el fenómeno de revalorización inmobiliaria generado por la construcción e inauguración de la obra vial allá por el año 2003. El interés en estas tierras, cuyo valor inmobiliario estuvo durante años determinado por su status de hectáreas de “isla inundable”, cambió de un modo sustancial a partir de la construcción del enlace vial.
Así con la obra concluida los humedales del Dpto. Victoria pasaron de tener 40.000 cabezas de ganado hasta hace un poco más de 10 años atrás, a más de 200.000 mil en la actualidad. Todo esto favorecido por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que contribuyó a la modificación del uso de los humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales (Ley 9.603, sancionada en 2004).
Esa ley, que se sancionó sin realizar ningún estudio de impacto ambiental, provocó que en menos de un año (desde octubre de 2006 a agosto de 2007) se otorgaran 153 arrendamientos en las islas fiscales del Depto. Victoria por 110.684 hectáreas destinados a actividades agropecuarias.
Es por eso que hoy, y en forma urgente, las ONGs ambientalistas piden reformular el proceso de arrendamiento de las islas públicas. Este régimen, “requiere una revisión y análisis de su pertinencia, teniendo en cuenta el marco establecido por la Ley Nº 25.675 en lo que respecta al ordenamiento ambiental y al proceso de avaluación de impacto ambiental, con especial consideración de la emergencia ambiental del bosque nativo declarada por la provincia de Entre Ríos”.
Los humedales del Delta Entrerriano pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de Mato Grosso en Brasil hasta el Río de la Plata. El Delta del Paraná alberga unas 700 especies vegetales, 543 especies de vertebrados y su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31 por ciento de la avifauna de la Argentina.
Ya en junio de 2001, las ONGs del litoral elevaron una propuesta a los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, al municipio de Rosario y a la secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental de la Nación, para conformar un equipo de trabajo entre las diferentes jurisdicciones, especialistas y ONGs para discutir cuál debería ser el status jurídico apropiado para promover un manejo sustentable de los humedales. En mayo de 2003, con motivo de la inauguración de la conexión vial, el “Taller Ecologista” (Rosario) declaró que era lamentable que al inicio de operación de la obra no se contara con reglas de juego claras con respecto al uso del territorio en el ecosistema isleño.
En noviembre de 2006 y frente a la grave situación de peligro que enfrentaban los humedales del Paraná Inferior provocada por las continuas quemas, el aumento desmedido de la cantidad de cabezas de ganado, el desecamiento de lagunas y riachos para aumentar zona de pasturas, “Taller Ecologista” junto a ONGs de la ciudad de Paraná presentaron en Rosario, ante concejales, diputados, senadores y responsables de medioambiente una serie de propuestas para un manejo sustentable de los humedales de la zona, que asegurara un correcto funcionamiento ambiental y social del sistema de humedales.
Hoy, dicen los ambientalistas, ante la profundización del drama ambiental, al cual hay que agregarle por la consecuencia de los humos de los incendios la dolorosa perdida de vidas humanas, se hace imperioso “recategorizar como provincial a la zona de humedales, actualmente declarada área natural protegida por ordenanza Nº 2.185 (sancionada en septiembre de 2003) de la Municipalidad de Victoria, de acuerdo al Proyecto de Ley obrante en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, conforme a lo dispuesto por Ley Provincial Nº 8967 del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de E. Ríos.
Justamente al adherir a esa ley provincial entrerriana luego podría avanzarse hacia las cinco categorías existentes de acuerdo con el grado de intervención y de limitación de las actividades en ellas permitidas. Dichas categorías son Parque Natural, Monumento Natural, Reserva Natural Manejada, Paisaje Protegido y Reserva de Usos Multiples.
Esta recategorización a nivel provincial , eventualmente también puede realizarse con vistas a la incorporación del ecosistema al “Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas” a través de lo dispuesto por la Ley Nº 22.351. O bien, a través de convenios con la Administración de Parques Nacionales, que permiten al trabajo conjunto de la provincia de Entre Ríos con el Estado Nacional, entendiendo que este organismo nacional es el mejor capacitado en materia de gestión a áreas naturales.
No debemos olvidar tampoco que a nivel nacional existen dos reservas ecológicas en el sector inferior del Río Paraná. El Parque Nacional Predelta, situado luego de la ciudad de Diamante (E. Rios) y la Reserva de Biosfera (MAB) presentada ante la UNESCO por el Gobierno Argentino en las Islas de San Fernando, (Provincia de Buenos Aires). También cabe una mención especial para el Parque Natural Otamendi, sobre el Río Paraná en la misma provincia.
Existen también iniciativas no gubernamentales tendientes a lograr la incorporación de la zona al sistema de protección dispuesto en la Convención RAMSAR (Humedales de todo el mundo protegidos por está Convención), como así también estudios científicos en ejecución sobre biodiversidad de la zona.

I Encuentro de vecinos afectados por la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos. Declaración
Los/as ciudadanos/as presentes en el “I Encuentro de vecinos afectados por rellenos sanitarios” vemos con urgencia la necesidad de un cambio en la gestión actual de los residuos sólidos urbanos. Conociendo que entre los objetivos de tal gestión están: la preservación de la salud pública, generación del menor impacto ambiental en el lugar de la disposición, planificaciones que contemplen la disminución progresiva del enterramiento de recursos no renovables, encontramos que en numerosas ciudades y comunas, no se cumplen los mismos. Es así que, por ejemplo, llegamos a padecer la existencia de microbasurales en los barrios, y también sufrir el gran impacto negativo, que significa vivir cerca de un lugar donde se realiza la disposición final de residuos sólidos urbanos. Detallamos los gravísimos desvíos que se presentan en uno u otro sitio donde se hace esta disposición, que claramente atentan contra la calidad de vida:
• escasos o nulos controles por parte de las autoridades provinciales y municipales / comunales,
• ubicación en zonas inundables, con el agravante además de estar atravesados por cursos de aguas, que se contaminan por los desechos,
• puesta en operación del lugar para disposición antes de contarse con la aprobación del estudio de impacto ambiental, en contraposición a lo exigido por la legislación provincial ambiental[1],
• disposición de otros tipos de residuos, además de los sólidos urbanos,
• quemas, con la consecuente generación de sustancias cancerígenas como dioxinas y furanos,
• intensos malos olores que llegan a afectar a varias ciudades,
• incorrecto mantenimiento en operación del relleno, lo que lleva por ejemplo a que se dispersen, por efecto del viento, en terrenos próximos las bolsas de plásticos; incontrolable número de vectores de enfermedades como moscas, roedores, aumento considerable de aves,
• ausencia y/o insuficiente tratamiento de líquidos lixiviados, situación que se agrava en épocas de intensas lluvias,
• enterramiento de recursos a partir de la deficiencia o inexistencia de planes de separación, reciclado, reuso y recolección diferenciada de los residuos,
• presencia de trabajadores informales realizando actividades de cirujeo con altísimo riesgo sanitario.

Por lo anterior, solicitamos se tomen con urgencia medidas de control de estos sitios de disposición final con la supervisión y la participación de los ciudadanos que viven en sus alrededores y simultáneamente se comiencen a implementar medidas como las contempladas en un plan Basura Cero, fijando un cronograma con plazos concretos para reducir progresivamente la disposición final de residuos sólidos urbanos, promoviendo la participación de microemprendedores/as, recuperadores/as urbanos/as en forma individual o asociada, cooperativas y organizaciones no gubernamentales en la recolección y el reciclado supervisando y brindando desde el Estado los medios necesarios (programas, capacitación, créditos) para que estas actividades sean realizadas en las mejores condiciones de seguridad e higiene laboral. Considerando aquí la erradicación del trabajo infantil, generando las políticas de estado que permitan la contención, que evite los riesgos propios de la actividad y la desescolarización, en tanto estos trabajos informales se realizan muchas veces de manera familiar por no contar con otras opciones.
Creemos que las grandes ciudades como Rosario, tienen una responsabilidad primaria en abandonar el sistema de enterramiento masivo de residuos, debido a las cientos de toneladas diarias de residuos que generan diariamente.
Con carácter prioritario, pedimos se incorpore la Educación Ambiental en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, promoviendo la generación de espacios de articulación entre los distintos actores sociales (escuelas, ONGs, centros comunitarios, medios de comunicación, gobierno local, etc.), en pro de una construcción colectiva de conciencia y ciudadanía ambiental.
Consideramos fundamental que desde el estado se garantice el tratamiento de los residuos orgánicos a través de la separación en origen y la instalación de plantas de producción de compostaje como de biodigestores, con los que se puede llegar a proveer gas para uso doméstico a un sector de la población. Todo esto llevará progresivamente a disminuir el impacto de los rellenos y colaborará con la disminución de formación de gases de efecto invernadero. Desde ya declaramos nuestra oposición a la opción de incinerar los residuos sólidos urbanos, como un método de tratamiento final, con o sin recuperación de energía, ya sea en forma de pirólisis, arco de plasma, gasificación, por las graves consecuencias que tal práctica ocasiona a la salud humana.
Nos comprometemos a colaborar en las actividades que desde el gobierno local se lleven adelante, con el firme objetivo de que lleguen a rellenos sanitarios los residuos sólidos urbanos, los cuales no deben tener ya capacidad de ser reutilizados, ni reciclados.