sábado, 27 de marzo de 2010

JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Por Silvana Depetris
A mediados del año pasado comenzaron en Rosario los juicios a los represores, responsables de los delitos de lesa humanidad. Aquí presentamos un recorrido por lo hecho en 2009 y los avances de cómo continuarán las causas durante 2010.

El 31 de agosto de 2009 comenzó el primer juicio a represores por los crímenes de lesa humanidad en nuestra ciudad, cometidos durante la última dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983 y que en Rosario tuvo distintos centros clandestinos de detención, entre ellos la Quinta de Funes y en la ex fábrica militar de Armas Portátiles Domingo Matheu.
En ese marco, el Tribunal Oral Federal de Rosario (TOF1) juzga al ex teniente coronel Pascual Guerrieri, al ex mayor Jorge Fariña, al ex teniente Juan Amelong y a los agentes civiles Eduardo Constanzo y Walter Pagano. Estas causas se retomaron en febrero, mientras que el juicio por la causa Feded se desarrollará en abril.
Desde H.I.J.O.S. informaron que en las causas “Guerrieri” y “Armelong”, conocidas como “Quinta de Funes”, el juez de instrucción dispuso la elevación parcial –por 5 imputados- de la causa en el año 2007 en la cual se esta desarrollando el juicio oral.
Los represores que estuvieron sentados en este primer juicio por delitos de lesa humanidad fueron Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Tucu Costanzo, para los cuales desde H.I.J.O.S. pedirán “la pena de cadena perpetua”.
Lucas Ciarniello, integrante de la agrupación H.I.J.O.S., recordó además que “en este juicio oral no se está imputando por todos los delitos ni contra todos los autores, algunos por la forma clandestina en que se llevó adelante la represión aun no han sido identificados, otros están o estaban prófugos”.
Los imputados en juicio oral actualmente son Guerrieri, Omar Pascual; Fariña, Jorge Alberto; Amelong, Juan Daniel; Pagano, Walter Salvador Dionisio y Costanzo, Eduardo Rodolfo. Los tres primeros eran militares y los dos últimos eran Personal Civil de Inteligencia.Todos pertenecían al Destacamento 121 del II cuerpo del Ejército, Zona II.
El número de testigos ofrecidos en el juicio fue de ciento tres (103), de los cuales efectivamente declararon setenta y ocho (78) ya que los veinticinco (25) restantes fueron desistidos o fallecieron.
La causa conocida como “Feced” también fue elevada parcialmente, siendo caratulada en el Tribunal Oral Nº 2 como “Díaz Bessone Ramón Genaro; Lo Fiego José Rubén; Marcote Mario Alfredo; Vergara, Ramón Rito; ScortechinI José Carlos Antonio y Chomicky Ricardo Miguel (ex Feced) s/ homicidio, violación y torturas”.
Los testigos ofrecidos son ciento sesenta y seis (166) y la fecha de inicio de este juicio estaba prevista para el 9 de febrero de 2010, pero debió demorarse ya que la causa “Guerrieri” continúa desarrollándose (alegatos y sentencia) y el tribunal que juzgará esta causa tiene la misma composición que el que lleva adelante “Guerrieri”. Se prevé que el desarrollo del debate de “Díaz Bessone” demande nueve meses aproximadamente, debido a la gran cantidad de víctimas y testigos con los que cuenta la causa.
La misma continúa en etapa de instrucción por otras víctimas (por los mismos imputados) así como por los imputados Carlos Bassini Moore, Julio César Nasth y Carlos Ulpiano Altamirano.
El 17 de diciembre pasado la fiscalía efectuó un pedido en la en instrucción de la causa “Feced” solicitándole nuevas imputaciones así como detenciones, el cual aún no fue resuelto por el juzgado.

EN 2010 AMELONG SE SIGUE RIENDO DE LAS VICTIMAS
Como expresaban desde H.I.J.O.S., durante febrero y marzo de 2010 se está continuando con el juicio a represores en Rosario. Tras algunos vaivenes, se reiniciaron en febrero con la ampliación de la declaración indagatoria del imputado Juan Amelong, quien atacó los dichos de la mayoría de los testigos, provocó al público y terminó sacando de su compostura a la presidente del Tribunal Oral Federeal, Beatriz Caballero.
“Amelong se dedicó a señalar supuestas contradicciones de los testigos de la causa, fundadas en sus propias anotaciones, que a todas luces son antojadizas y no se ajustan a los testimonios que dieron los sobrevivientes y familiares” explicaron las abogadas de H.I.J.O.S. Ana Oberlin y Nadia Schujman. “Incluso el mismo Amelong reconoció en un momento que eran sus anotaciones, y que en algún casos se puede haber equivocado en lo que escribió”, agregaron.
La declaración del imputado estuvo plagada de provocaciones al público y los testigos. La abogada Ana Oberlin tuvo que pedirle al tribunal que le llame la atención a Amelong “cuyas declaraciones estaban rayando el cinismo”, según indicó la representante legal de varias de las vícitmas.
Los dichos de Amelong, que tuvieron como blanco a los testigos Rafael Bielsa, Rubén Dri y Alicia Gutierrez, entre otros, exaltaron a gran parte del público.
En un tramo de su declaración, Amelong quiso deslegitimar el testimonio de una de las víctimas señalando que ésta había tenido un hijo extramatrimonial, lo que provocó una explosión de bronca entre los asistentes y que generó la enérgica aclaración de la presidenta del tribunal -que hasta el momento había sido muy permisiva- , de que “acá el que está siendo juzgado es usted”.

ALEGATO FINAL
Luego, en el juicio Guerrieri-Amelong, llegó el alegato de H.I.J.O.S. A treinta y tres años de ocurridos los delitos que se están juzgando en el Tribunal Oral Federal de Rosario N°1, las abogadas y militantes de la agrupación H.I.J.O.S., expusieron su acusación final contra los cinco imputados del primer juicio contra represores de la dictadura en Rosario. “Queremos por favor que este proceso haya tenido sentido para los testigos y las víctimas, venir aquí a exponer su dolor, volver a transitar, a renovar lo que vivieron”, solicitaron las jóvenes letradas del organismo de derechos humanos a los magistrados.
En un extenso, pormenorizado y detallista alegato, las abogadas de la agrupación H.I.J.O.S., Ana Oberlin y Nadia Schujman, analizaron el contexto de los hechos que se les imputan a los represores de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica de Armas, Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo; los encuadraron en “un plan sistemático” aplicado en todo el país y “cometido en el marco de un genocidio”, y realizaron una minuciosa descripción de cada uno de los delitos fundados en la prueba testimonial y documental producida a lo largo de juicio, tras lo cual justificaron su pedido de “prisión perpetua e inhabilitación absoluta” para todos los acusados.
“Sin dudas lo deseable hubiera sido que la Justicia llegara mucho antes, cuando todavía podían “gozarla” muchas personas que tristemente hoy no están acá, como Fidel Toniolli y Cecilia Nazábal, que tanto hicieron para que llegara este momento y no pudieron verlo”, apuntó la doctora Schujman, quien también lamentó la tardanza de la Justicia “para varios de los culpables que hoy no están en el banquillo de los acusados, porque han muerto, como Galtieri, Juvenal Pozzi o Jáuregui, que se dieron el lujo de morir impunes”.
Schujman graficó el objetivo del terrorismo de estado señalado que “la brutalidad del esquema represivo puesto en funcionamiento durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, no fue producto de la “demencia” de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, sino el resultado de un plan sistemático gestado al calor de un intento de restauración de las clases dominantes de nuestro país y de sus aliados externos”.
Schujman ilustró con citas a la jurisprudencia nacional e internacional, la configuración del “plan sistemático de represión” montado por la dictadura, y luego se condujo a la descripción de la inserción en ese plan de los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas, que forman parte de la causa.

La carga de la prueba. El alegato de H.I.J.O.S. continuó en palabras de la abogada -e hija de desaparecidos-, Ana Oberlin, quien hizo una descripción de los destinos sufridos por los familiares de sus representados, los desaparecidos Eduardo Toniolli, Fernando Dante Dusex, Raquel Negro, y resaltó el valor de la mayoría de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes, entre las que se destacaron las de Jaime Dri -único testigo vivo de la Quinta de Funes-, Olga Moyan, Carlos y Alejandro Novillo, Stella Buna y otros.
Oberlin se encargó de recordar toda la prueba testimonial que hay contra los cinco represores enjuiciados, como las que acreditaron “las durísimas torturas” sufridas por los detenidos desaparecidos de la causa, el reconocimiento por parte de varios de los ex detenidos del “rostro de sus captores”, las confesiones de los represores Costanzo y Gustavo Bueno que deschavaron a sus camaradas, y la documentación aportada por “información desclasificada de los Estados Unidos, México, Paraguay y el propio Estado Nacional”, que inculpa a los imputados.

El caso de Raquel. Con relación al caso de la desaparecida Raquel Negro, que fue secuestrada junto a su hijo de dos años y estaba embarazada de mellizos, Oberlin se detuvo especialmente para destacar “el particular estado en el que Raquel Negro trascurrió su cautiverio”. La abogada recordó que “fue demostrado en el procesos que Raquel estaba embarazada de casi 7 meses de mellizos al momento de su secuestro”.
“En estas circunstancias -señaló Oberlin a los jueces-, en las cuales cualquier mujer atraviesa por un momento especial tanto respecto a las modificaciones físicas como emocionales, Raquel fue sometida a múltiples situaciones de degradación, como el resto de sus compañeros y compañeras de cautiverio, pero con el agravante de que su estado la colocaba en un lugar de muchísima más vulnerabilidad. El tribunal pudo ver los lugares en los cuales permaneció detenida y hacerse una idea de las horrendas condiciones en las que vivieron los detenidos principalmente en los ccds conocidos como escuela Magnasco –donde permanecieron tabicados, sin camas, en el suelo y haciendo sus necesidades en un balde”.

Cadena perpetua. Sobre el destino de catorce de los detenidos desparecidos que pasaron por los centros clandestinos investigados en la causa, Oberlín aseguró que “de todo el caudal probatorio analizado en forma integral es claro en el sentido de que los detenidos fueron asesinados y, además, dicha consideración es acorde al marco en el cual se sucedieron estos hechos, dentro de los lineamientos generales del plan sistemático de represión clandestina e ilegal que sufrió nuestro país, donde la decisión de ejecutar a las víctimas y hacer desaparecer sus cuerpos fue una práctica extendida, como se probara ya en la causa 13”.
Al cierre del largo y fundado alegato, y luego de detallar la prueba producida a lo largo de cinco meses de juicio contra cada uno de los imputados, Oberlín señaló que los cinco imputados “deberán responder en calidad de coautores por los delitos que ya mencionamos -homicidios calificados con alevosía, cometido con el fin de encubrir otros delitos, como la aplicación de tormentos por ser perseguidos políticos; y privación ilegítima de la libertad agravada por durar más de un mes, y por mediar violencia y amenazas-, perpetrados en el marco de un plan sistemático de represión clandestina, ya que estos acusados conformaron un grupo operativo organizado en el marco del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que se hizo cargo del secuestro, tortura, desapariciones físicas y muertes de personas”.
Por último, Oberlin concluyó el alegato en un claro mensaje de la trascendencia histórica que adquiere este juicio para esta generación de jóvenes y para sus compañeros y representados, Eduardo Toniolli (hijo), Fernando Dusex (hijo), Sebastián Alvarez y Sabrina Gaulino (hijos de Raquel Negro): “Esta sentencia no va a poder reparar lo que los imputados con su accionar doloso generaron, no va a poder hacer que Eduardo Toniolli, el hijo, al que también le dicen Cabezón, pueda sentarse a hablar con su papá de política, esa pasión que los unía o que pueda jugar al TEG con él o ir a ver a Ñuls. Tampoco va a hacer que Fernando, el hijo de Fernando Dussex, le pueda contar a su papá que se está por recibir de arquitecto, y que se casó con una mujer extraordinaria. Tampoco va a hacer que Sebastián Alvarez, pueda tomarse unos mates con Raquel, su mamá, y contarle lo bien que se lleva con Sabrina, una de los mellizos a quien encontró, de quien fue separado durante más de 30 años. Pero lo que si va a hacer esta sentencia es devolverles la credibilidad en las instituciones del Estado y les va a demostrar que ustedes, señores jueces, no son nuevos garantes de la impunidad, y además, va a hacer que los responsables de estos hechos estén donde tendrían que haber estado siempre: en la cárcel. Por eso pedimos prisión perpetua”.
Cabe señalar que al cierre de esta edición, aún no se había llegado a una resolución y continuaba el alegato, no obstante el Tribunal ya ha informado que el lunes 22 de marzo será el último día del juicio con el turno de los imputados, quienes tendrán, "la última palabra". Cerrado el juicio, el tribunal tiene al menos una semana para dar a conocer el fallo.

ABRIL: CAUSA FECED
El Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF2) de Rosario, que tendrá a su cargo el juicio de la megacausa Feced, y que ya había establecido su inicio para el 9 de febrero, fijó nueva fecha para el 27 de abril. En ese mismo momento, la agrupación H.I.J.O.S. realizó un brindis frente a los tribunales federales de calle Oroño "para pedir que el 2010 sea finalmente el año de las condenas a los genocidas”.
La nueva fecha del inicio de la causa Feced fue confirmada por el equipo de abogados de la agrupación H.I.J.O.S., quienes se notificaron de la novedad en el tribunal federal. “Hasta el momento la fecha que teníamos era la del 9 de febrero, pero después nos enteramos que el TOF2 fijó nueva fecha”, explicó Lucas Ciarniello de H.I.J.O.S.

LA CAUSA: “MASACRE DE JUAN B JUSTO”

Esta causa, conocida como “Masacre de Juan B. Justo”, investiga los asesinatos del matrimonio Amestoy – Fettolini y sus dos hijos, de tres y cinco años, y el asesinato de Ana María del Carmen Granada. El único sobreviviente es Manuel Gonçalves Granada (antes Claudio Novoa –debido a que recuperó su identidad hace 14 años-), quien tenía solo cinco meses de edad. Esta masacre sucedió en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires.
Los autos se caratulan “Bossie, Federico y otr s/homicidio”. En esta causa hay tres imputados: Fernando Saint Amant, Federico Bossie y Jorge Muñoz.
Hasta entonces, ha sido elevada a juicio y se encuentra radicada en el Tribunal Oral II de Rosario. El comienzo del debate está previsto recién cuando finalice el juicio “Díaz Bessone” (ex Feced), o sea en el mes de noviembre de 2010, aproximadamente.
En ese contexto, H.I.J.O.S. Rosario representa a Manuel Gonçalves (hijo de Ana María del Carmen Granada) y a Alfredo Amestoy (hermano de Omar Amestoy y tío de los niños asesinados).

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA LLEGAR A JUICIO
Desde H.I.J.O.S. comunicaron que “los que encontramos en el camino para llegar a juicio fueron múltiples, entre ellos podemos detectar, en un primer momento, la falta de estrategia y planificación clara por parte del Ministerio Público y por parte del poder judicial en el modo de instruir las causas”.
Asimismo, expresaron que “hasta que se dictó el fallo de la CSJN declarando la inconstitucional de las leyes de obediencia debida y de punto final en el caso Simón, la Cámara Federal de Rosario representaba una traba concreta, debido a las demoras en el dictado de resoluciones, que con posterioridad al dictado del fallo aludido, se modificaron parcialmente”.
También la agrupación informó que “la Cámara Nacional de Casación trabó por años los recursos que se acumulaban en dicho fuero sin resolución”.
Otro factor que implicó una demora palpable, fue la cantidad de jueces -4 jueces de instrucción en 5 años- y fiscales -3 fiscales en igual período- que se sucedieron en las causas, dado que el volumen de las mismas hacía que llevara meses que el nuevo magistrado o funcionario lograra interiorizarse del contenido de las mismas.
“Con relación a la causa Guerrieri, esta estuvo demorada un año y medio en el Tribunal Oral Nº 1, sin poder fijarse fecha de juicio, ya que una de las magistradas que compone el tribunal, la Dra. Laura Cosidoy -quien era defensora federal durante la dictadura-, se inhibió. Esta inhibición fue rechazada por los conjueces que intervinieron y la magistrada llevó la instancia recursiva hasta la Corte lo que motivó el tiempo de demora”, manifestaron desde H.I.J.O.S.
Otro inconveniente, al comienzo de estos juicios, fue la falta de infraestructura adecuada dentro del poder judicial. Pasaron varios años hasta que se nombraron secretarios y personal dedicado exclusivamente a estas causas, con todas las dificultades que ello conlleva: funcionarios judiciales atendiendo todo tipo de causas de forma simultánea con estas, las que demandan gran cantidad de tiempo por el volumen y complejidad que tienen.
A su vez, desde el punto de vista humano un gran escollo lo constituyó la falta de preparación especial de los funcionarios judiciales para tratar con los testigos y víctimas. “Debieron pasar varios años para que se logre –generalmente debido a la intervención de los abogados representantes- mejorar el trato, crear el clima adecuado para una declaración judicial, que se previera alguna especie de contención psicológica, entre otras medidas. Esto no es menor, ya que la mayor parte de la prueba en estos casos se basa en testimoniales y tratándose de episodios tan dolorosos, ocurridos hace más de 30 años, es sumamente complejo realizar las medidas probatorias”, señalaron, al tiempo que agregaron: “Otra dificultad que hemos encontrado es la reticencia de los jueces y fiscales a imputar por algunos tipos penales. Un ejemplo claro de ello es los delitos contra la integridad sexual cometidos en el marco de las detenciones clandestinas. Otro ejemplo es el de negarse a aplicar la figura de homicidio en el caso de las desapariciones (esto ha sido superado actualmente en Rosario y se indaga por homicidio, pero llevó un tiempo que se haga)”.
Por otra parte, la agrupación hizo especial énfasis en la cantidad de prófugos. “Durante mucho tiempo había más prófugos que detenidos. Nuestra hipótesis es que no eran buscados de la manera correcta.Fue una particularidad de Rosario. Hoy todavía hay varios prófugos, pero mucho menos que antes”.
Por último, desde H.I.J.O.S. indicaron que otro problema está dado por las mismas características con las que se desarrolló el terrorismo de estado en Argentina: la clandestinidad. “Los integrantes de los grupos represivos utilizaban alias para ocultar su identidad, esto genera grandes dificultades a la hora de conocer sus identidades verdaderas. Igualmente, gracias a la investigación realizada fundamentalmente por familiares, víctimas y organizaciones, se han podido identificar a la mayoría de ellos”, concluyeron.

“QUIENES HAN BURLADO A LA DEMOCRACIA ES OBVIO QUE NO ENTIENDAN DE JUSTICIA”
El concejal Alberto Cortés de Partido Socialista Auténtico – Proyecto Sur (PSA-Proy. Sur) señaló su profunda preocupación por diferentes hechos sucedidos en los últimos días del 2009 y que rememoran “lo peor de mentes animadas solamente por la violencia y la impunidad”.
El edil de Proyecto Sur marcó su posición a los hechos sucedidos en la Secretaría de DD HH de la ciudad de La Plata y a las intimidaciones que sufrieran Josefina Gonzáles –testigo en la causa Feced e hija de desaparecidos–, y su marido Federico Reynares, -empleado de la fiscalía que tiene a su cargo la acusación contra los represores en esa y otras causas por delitos de lesa humanidad. “Son episodios totalmente repudiables y que siguen marcando que hay ciertos sectores que reivindican un pasado de muerte y terror”, disparó el edil.
Por la lucha de miles de militantes sociales, políticos, gremiales, estudiantiles y de derechos humanos se logró, luego 30 años, que comiencen los juicios a los represores que “en el pasado con complicidad civil instauraron un modelo de país para pocos a fuerza de torturas, asesinatos y muertes”, lanzó Cortés a los que agregó que “evidentemente algunos no se resignan a la vida en democracia y mucho menos a que les llegue la hora de la justicia por los aberrantes hechos cometidos”.
“Quienes han burlado a la democracia para acomodarse a sus mezquinos intereses es obvio que no entiendan de justicia”, indicó el concejal y sostuvo que “en base a lucha militante se va corriendo el velo de la impunidad y se va construyendo una sociedad que merece saber su pasado si pretende un país con mejor futuro”, puntualizó.
Asimismo, Cortés hizo referencia a las declaraciones de Diego Guelar –integrante del PRO- de amnistiar a ex represores: “Dicha fuerza ya ha dado cabales muestras que peregrina esa línea de pensamiento”. “Todos estos hechos en su conjunto muestran una contraofensiva de las oscuras fuerzas que en su momento sustentaron a la dictadura militar, y con posterioridad a políticas que no son sino su continuidad en las nuevas condiciones. Dichas fuerzas no se resignan a la vigencia de la democracia y la justicia, y es la movilización de los sectores populares la única forma de derrotar los intentos de retrotraernos a las épocas de entrega total y represión”, concluyó el edil.
Por otra parte, y mediante conferencia de prensa, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, expresaron “el más contundente repudio” a los hechos de intimidación que tuvieron lugar el 30 de diciembre de 2009 en el domicilio particular de la querellante en la ex causa Feced, Josefina González, y del secretario del Ministerio Público, Federico Reynares.
En tal oportunidad, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta, reafirmó la decisión del gobierno de continuar con todas las tareas necesarias “para lograr que los juicios por delitos de lesa humanidad sigan su avance”, y expresó la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas de esta intimidación.
En este sentido, dio a conocer medidas concretas que están en marcha “para investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados”, y reafirmó la necesidad de “desentrañar la oscura trama que hay detrás de estas intimidaciones”.
Por su parte, el director provincial de Programas de Derechos Humanos, Oscar Blando, hizo hincapié en la importancia de “apoyar y estar del lado de las víctimas”, y describió puntualmente los pasos que dio el gobierno como respuesta inmediata al hecho.
“La decisión política, por parte del Ministerio de Seguridad, fue el pase a disponibilidad de los dos agentes que estaban a cargo de la custodia (de las víctimas)”, señaló el titular de Programas de Derechos Humanos, al tiempo que agregó que, además, se inició una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y se sustanciaron los correspondientes sumarios internos.
“Hemos emprendido todos los caminos posibles para que este hecho sea investigado y esclarecido”, indicó Blando, haciendo referencia al especial contexto histórico en que se produjeron, cuando están avanzando los juicios por delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
A su turno, el comisario a cargo de la Unidad Especial para el Programa de Protección de Testigos y Querellantes, Omar Odriozola detalló las medidas que se adoptaron al interior de la fuerza tras la comisión de este acto intimidatorio así como las acciones destinadas a su esclarecimiento. En esa línea, mencionó como antecedente otros hechos de intimidación contra testigos y querellantes de la ciudad de Reconquista, en los que actuaba una denominada “Hermandad”, y cuya investigación derivó en la detención y procesamiento de un sospechoso.
En tanto, Reynares describió los hechos ocurridos el 30 de diciembre y reiteró su convencimiento de que la violación de su domicilio “está dirigida al trabajo que se viene realizando sobre las causas por delitos de lesa humanidad”. Asimismo, resaltó la solidaridad recibida por parte de funcionarios provinciales, nacionales y municipales, organismos de derechos humanos, querellantes, familiares y militantes.
En este mismo sentido, González destacó las muestras de apoyo y señaló que quienes perpetraron este hecho no lograron intimidarlos ni los hicieron dudar ni un minuto de la capacidad de reacción de quienes vienen luchando por la verdad y la justicia. “No nos sentimos solos. No tenemos miedo. Hay que seguir, hay que pelear, y que ningún testigo tenga miedo de declarar. No nos van a asustar porque estamos juntos y somos muchos”, enfatizó.
LA INTIMIDACIÓN. Por la tarde del miércoles 30 de diciembre de 2009 desconocidos irrumpieron en el domicilio que Josefina González comparte con su esposo Federico Reynares. Los desconocidos revolvieron cajones y expedientes que se encontraban en el lugar y, además, dejaron mensajes intimidatorios sin llevarse dinero, electrodomésticos, ni elementos de valor.
Josefina González, con cinco meses de edad, fue secuestrada en 1976 junto con su hermana y su madre, que fue asesinada meses después. Actualmente, trabaja en la Fiscalía Federal donde se investigan crímenes de lesa humanidad.Por su parte, Federico Reynares, es secretario del Ministerio Público.
Estos hechos tienen lugar en un contexto muy particular, a pocos días de que se conociera el fallo en la causa Brusa que tramitó en la ciudad de Santa Fe y cuando están previstos, para el mes de febrero, los alegatos en la causa Guerrieri, que tramita en Rosario.

1 comentario:

paton dijo...

POR FIN FUERON EN CANA!!!!