INFORME | HACETE AMIGO DEL JUEZ

Por Carlos Del Frade

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, fue accionista y apoderado de una de las gerenciadoras del PAMI en la ciudad de Rafaela entre los años 1996 y 2000. Hacia el año 2004, la Asociación Médica del Departamento Castellanos planteó este cuestionamiento a su posible nombramiento como integrante del máximo organismo judicial del país. Sin embargo, Lorenzetti no solamente fue incluido sino que durante los últimos dos períodos fue elegido presidente y su mandato finaliza en el año 2012.
Aquella oposición de la gremial médica tuvo su consecuencia hasta el presente: casi una veintena de causas judiciales llovieron en los últimos años contra la organización y sus integrantes, directivos y ex directivos. La mayoría de esas denuncias vinculadas a las familias propietarias de las clínicas y sanatorios tradicionales de la ciudad de Rafaela enfrentadas históricamente con la Asociación y muchos de esos procesos fueron iniciados por abogados que tuvieron vinculación con el ahora presidente de la Corte. Aquellas gerenciadoras, surgidas en pleno menemismo rubicundo, estaban formadas –justamente- por las mismas empresas que vienen manejando el mercado de la salud rafaelino desde hace por lo menos sesenta años. Para los integrantes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos se trata de una verdadera persecución contra aquellos que osaron a cuestionar las actividades del entonces abogado y hoy hombre mimado por “Clarín” y la Sociedad Interamericana de Prensa.

Crónicas rafaelinas
“Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.
Cinco años después, Lorenzetti acaba de ser reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.
Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.
“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.
El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpidamente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.
En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela.
“Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.
Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”. De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario.
“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en Apreme, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. Apreme manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.
El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.
La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario “Castellanos”.
Terminaba la crónica agregando que “Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. “En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos”, concluía la investigación periodística.
Cinco años después, a mediados de noviembre de 2009, el mismo diario “Castellanos” informaba sobre una deuda de los responsables de la Asociación Médica del Departamento Castellanos con los trabajadores del Policlínico en concepto de aportes previsionales y, en forma paralela, daba tapa a una condecoración recibida por Lorenzetti desde Italia.
Cinco años después, los denunciantes eran los denunciados y el abogado cuestionado, incuestionable.
“En Rafaela puede observarse que la medicina estatal ha dejado el campo libre a la medicina comercial, en un escenario de mercados altamente imperfectos, con una pronunciada conflictividad y una creciente incapacidad del sector público para regular y tornar más equitativo y eficiente el sistema”, sostiene la Magister en Economía y Gestión en sistemas de salud, Juana Elías, en una de sus conclusiones respecto a la cuestión sanitaria en Rafaela.
El trabajo es una impecable descripción de los distintos actores económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en el denominado “sistema de atención de la salud” de la ciudad del oeste santafesino.
Sirve de mapa para entender la trama de intereses que hay detrás de la puja que viene sosteniendo la Asociación Médica del Departamento Castellanos y los dueños de los sanatorios y clínicas privados.
Elías demuestra que “en la década del 90, en Rafaela los principales actores con protagonismo en el sector, son las gerenciadoras, la Asociación Médica, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, las obras sociales sindicales, representadas por la CGT local y el hospital público. Como consecuencia de la disminución del ritmo expansivo de la demanda de servicios de salud, la lucha por la distribución del ingreso aumenta significativamente entre ellos y la salud es recurrentemente objeto de negociación política, dando como resultado muchas veces acciones ajenas a las verdaderas necesidades de la población y a su cambiante cuadro etáreo y de morbilidad”.
Para la Magister, “el agotamiento del crecimiento de la demanda y la incorporación de tecnología médica y de prestadores médico- sanatoriales le confieren al mercado local un grado de saturación que atenta contra el retorno esperado de la inversión del sector privado. Ante esta situación, los prestadores se ven obligados a acentuar la necesidad de mejorar la eficiencia operativa introduciendo cambios tecnológicos, organizacionales y de gestión. Esta puja no sólo se entabla entre los grupos prestadores, sino también en el interior de cada uno de ellos, produciendo sucesivos cuadros de ruptura y fragmentación institucional”.
Agrega que “las obras sociales y en especial el PAMI, incorporan como medida defensiva de sus finanzas una modalidad de contratación, con grupos gerenciadores, mediante convenios capitados con los que pretenden trasladar el riesgo, acotar los costos prestacionales y evitar ineficiencias por vía de la sobrefacturación, en el marco de una reforma del sistema de salud en su conjunto, que incluía la reconversión de las obras sociales y su desregulación”.
A la hora de hacer una historia de las gerenciadoras, hay que encontrar su origen en la década del 80 a la sombra del contrato del PAMI y aún perduran, con las fluctuaciones de poder derivadas de los contratos que administran. “Se los visualiza en el contexto local como grupos oportunistas, que manejan los contratos, no agregan valor y que en los distintos momentos han sabido adaptarse a los requerimientos del mercado, pero en beneficio propio. Un aspecto singular que las distingue tiene que ver con que los socios que las integran, a través del tiempo son siempre los mismos o sus herederos. En la época de mayor apogeo, acumularon fortunas personales en detrimento del estado de salud de la población rafaelina y en perjuicio del honorario médico, pues la gestión estuvo siempre encaminada a minimizar las prestaciones, no pagar a los prestadores y ajustar a los efectores responsables de brindar la cobertura”, apunta Elías.
La gremial médica, “acosada por las gerenciadoras locales y por el monopolio de camas que mantiene la asociación de clínicas y sanatorios, desarrolla unidades de negocios para competir en un plano de igualdad. Como empresa de prepago líder en la región, cambia su tradicional rol de prestador de servicios por el de comprador y como tal pretende racionalizar la asignación de recursos y maximizar sus ingresos, introduciendo en el mercado una fuerza competitiva impensable para otra época, como así también modificaciones al interior de la institución, por el doble juego que le toca desempeñar ante sus socios médicos”, señala.
Siguiendo con sus conclusiones, aporta que “el subsector público, que tuvo un rol secundario en el escenario de salud local, se ve afectado por los cambios jurídicos del Hospital de Rafaela, que es incorporado como Hospital de Autogestión con la finalidad de lograr una fuente alternativa de recursos mediante el cobro de las prestaciones a las obras sociales. Sin embargo, el porcentaje de la contribución provincial a su presupuesto no se modificó y se mantuvo, con pequeñas variaciones, entre un 70 y un 80% del gasto total. Lo que sí cambió fue la relación con la población, a través de la implementación de distintos mecanismos de discriminación. La población sin cobertura social y con mayor riesgo no tiene garantizados los servicios de atención médica, el acceso en consecuencia es desigual y diferencial respecto de la población con cobertura social, privilegiándose esta última y rechazándose o derivando a centros de mayor complejidad las prestaciones a efectuar a los carenciados”, remarca la investigadora.
Al analizar la composición del sistema de atención de la salud privado, Juana Elías destaca que hacia el año 2004, Rafaela contaba “con seis establecimientos asistenciales con internación. Casi todos tuvieron su origen como extensión del domicilio particular de un médico y fueron con el tiempo adecuando tanto su estructura jurídica, edilicia y tecnológica. Son sociedades familiares donde la sucesión en el mando se va dando de padres médicos a hijos y familiares médicos, lo que acarrea una fuerte carga de conflictividad que a veces se ventila en la justicia. Se observa una búsqueda permanente a la oligopolización, a través de actividades con mínimos niveles de competencia y mayor diferenciación de producto / servicio en el mercado”, reflexiona.
Estas empresas son:
SANATORIO “NOSTI”: Es propiedad de la familia Tita, administrada por la segunda generación de médicos de esta familia. Se fue posicionando en la década del noventa en la alta complejidad al incorporar los servicios de hemodinamia y ecocardiología. Han realizado transplantes renales. La rentabilidad de este tipo de prestaciones les ha permitido refacciones edilicias muy importantes y como consecuencia de ello captar pacientes con capacidad de pago dispuestos a pagar los servicios diferenciales.
CLÍNICA “PARRA”: Sus propietarios son los herederos del Dr. Luis A. Parra, médico y político (ex Diputado Nacional). Continua con la visión que le imprimiera su fundador muy relacionado con la seguridad social, con un trato muy estrecho con el sindicalismo local y también con el sector público. En la década del noventa comenzaron a posicionarla fuertemente como servicio de Ginecología y obstetricia y al 2004 se encuentra afianzada en este segmento. Esta familia ha diversificado la inversión en otros rubros como internados geriátricos, hotelería 4 estrellas y franquicias de indumentaria femenina.
SANATORIO “MORENO”: Es una sociedad entre varios médicos que a través de distintas maniobras jurídicas está controlada por un médico cirujano y sus hijos. En la década del noventa y ante la competencia del sector centra su estrategia en la incorporación de tecnología para realizar diagnósticos y cirugías mini-invasivas. No se observa reinversión de utilidades al interior de este nosocomio y su deterioro alienta esperanzas en la competencia por la posibilidad de cierre en el mediano plazo.
POLICLÍNICO “RAFAELA”: Con casi 90 años, es la unidad de internación más antigua y más moderna ediliciamente de la ciudad. En este devenir de padres a hijos, la tercera generación de la familia Barreiro, tal como dice el refrán “la primera generación la funda y la tercera la funde”; esta empresa, al borde de la quiebra, fue transferida en el año 2001 para su administración a la Asociación Médica del Departamento Castellanos y de esta forma esta entidad gremial comienza a disponer de camas propias con el objetivo de administrar convenios que imponen esta condición, tal el caso del PAMI. Esta “conquista de camas” tan anhelada por el frente gremial médico, fracturó el acuerdo colusivo que hasta el momento detentaba la Asociación de Clínicas y sanatorios.
CLÍNICA DE NIÑOS: Tiene su origen en 1982, es una sociedad entre tres pediatras. Es el único centro especializado en neonatología y pediatría, con una capacidad de 10 habitaciones privadas, 9 unidades neonatales y 4 unidades de terapia infantil.
CLÍNICA “PODIO”: Propiedad de un médico psiquiatra, es la única clínica de dicha especialidad en la ciudad y la región. Se constituyó en la década del 90 y cuenta con 10 camas.

Una de las características de los años noventa fue la llamada “pluriactividad”.
Esto afectó a los médicos “con formas retributivas diversas se confirma como práctica de supervivencia, particularmente en profesionales jóvenes, asumiendo obligaciones laborales en el ámbito público (generalmente por la mañana), prestaciones ambulatorias en consultorios institucionales o privados y guardias en los distintos sanatorios. El impacto de la tecnología en equipo biomédico está alterando significativamente la función de producción, especialmente la organización y competitividad del trabajo profesional. También están expuestos a esta suerte de industria del juicio, que genera serios inconvenientes en torno a la desprotección legal. Si bien no todas las demandas progresan cuando son presentadas en la justicia, esto produce en el profesional miedo al reclamo y a la mala praxis, lo que hace que solicite una larga serie de estudios, para salvar errores, omisiones o faltantes en la historia clínica, con el consiguiente incremento de costos”, remarcó Elías.

El Centro Asistencial
En Rafaela operan un “significativo número de empresas de medicina prepaga, pero la única prepaga de origen “rafaelino”, es el prepago gremial médico, que nació en el contexto de las políticas de los años sesenta. En este ámbito y bajo la presidencia del Dr. Manuel A. Matus, se creó, luego de acaloradas discusiones, un Abono, un sistema de medicina prepaga, para brindar a sus afiliados una cobertura integral de salud. Sus estatutos fueron aprobados el 13 de setiembre de 1964, tomando el nombre de Centro Asistencial de la Asociación Médica Regional de Rafaela, constituido, según reza el Acta fundacional, como un “sistema de seguro voluntario de asistencia a la enfermedad, que actuará con la amplitud que le permitan los recursos técnicos profesionales locales”.
Surgió ante la necesidad de los médicos de defender sus intereses frente a contratantes monopsónicos de servicios de salud como las obras sociales. Este prepago se funda con un doble propósito: crear fuentes de trabajo para sus socios y brindar cobertura médica integral, a un bajo costo, con el máximo nivel de excelencia a los afiliados.
Sus atributos diferenciales son: la ausencia del lucro y el sentido solidario que emana de sus estatutosno existen gastos de intermediación ni de lucro por parte de terceros no médicos.
Esto permite prestar servicios reales, a costos considerablemente bajos con relación a los Prepagos comerciales y con calidad de excelencia.
Desde entonces, Centro Asistencial ofrece servicios ininterrumpidos a sus más de 19.000 afiliados en toda la región, detenta el 10 % del mercado; siendo una de sus principales fortalezas la transparencia en la administración, y la posibilidad de mantener una relación directa entre los prestadores de salud y sus beneficiarios. De esta forma, y a través de los años, ha asegurado la capacidad de ofrecer diversos Planes (Dorado, Galeno, Especial, Básico, Joven, Salud Familiar y Tercera Edad) adecuados a distintas necesidades de la población, distribuyendo todos los recursos en base a una estructura solidaria y sin fines de lucro.

La disputa
En Rafaela los principales actores con protagonismo en el sector, son desde la perspectiva de la oferta privada de servicios médicos: la Asociación Médica, la Asociación de Clínicas y Sanatorios y las gerenciadoras que ingresan al mercado en la década del 90.
Desde el lado de la demanda de servicios de salud, con fuerte capacidad de negociación se encuentran las obras sociales sindicales, representadas por la CGT local.

La Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC)
A partir de la sanción del decreto 9/93, que eliminó la intermediación de las asociaciones médicas en la contratación con las obras sociales, el establecimiento de aranceles y la recaudación, se produjo una crisis en la contratación con las obras sociales y el financiamiento de los servicios, que causó desinteligencias entre los profesionales de práctica ambulatoria y las instituciones con internación que condujeron al quiebre de la unidad gremial.
Como consecuencia se creó en 1993 la Asociación de Clínicas y Sanatorios, reuniendo a las instituciones con capacidad de recibir pacientes internados. Esto debilitó la posición contractual de Asociación Médica, que no pudo acceder a contratos capitados, ya que sólo podía ofrecer atención ambulatoria.
Esa situación de debilidad relativa estimuló su interés por vincularse con el hospital y el poder municipal. Entre 1990 y 1999 la gremial médica intervino en distintos planos, estableciendo canales de comunicación y trabajo relativamente fluidos con: el Estado Municipal, a través del espacio participativo PER (Plan Estratégico para Rafaela), brindando asesoramiento; y el Hospital SAMCo, a través de su participación en el Consejo Administrativo, con fuerte presencia y liderazgo de su representación.
En el año 2000, ante la posibilidad abierta por la licitación organizada por PAMI, intenta fortalecer el vínculo con el Hospital, proponiendo la conformación de una Unidad de Gestión y Participación, para presentarse a la licitación de PAMI, iniciativa que fue rechazada por el Ejecutivo Municipal pese a tener la aprobación del Ministerio de Salud provincial.
A posteriori, en el año 2001, la AMDC obtiene el control de un sanatorio (Unidad de Prestaciones Integrales) a través de un contrato de “Administración fiduciaria”, y así mucho mas que “las camas gremiales” con la finalidad de atenuar en el futuro su debilidad frente a Clínicas y Sanatorios, en vista a posibilitar la firma de nuevos contratos que imponían la tenencia de una unidad de internación. Esta situación le imprime al mercado un nuevo juego de fuerzas competitivas que conlleva a una alta conflictividad entre los actores corporativos y exacerba la puja distributiva.

Asociación de Clínicas y Sanatorios
La Asociación de Clínicas y Sanatorios, nace en 1993 como producto del quiebre que se produce dentro de la gremial médica entre los médicos y los “médicos dueños de clínicas y sanatorios”, ante un mercado que presenta una importante saturación y por la puja en la captación de convenios con obras sociales, especialmente el PAMI y IAPOS (obra social provincial). Esta Asociación ha consolidado su presencia en el mercado de atención a beneficiarios de obras sociales en virtud del monopolio de la capacidad de internación. Constituye así la principal competidora del Hospital S.A.M.Co. Puede advertirse que dicha asociación tiene llegada efectiva al Ejecutivo municipal, en la medida en que éste se constituyó en el principal obstáculo para una posible alianza entre el Hospital y AMDC para la licitación de PAMI. Los socios de esta asociación son a su vez los fundadores de las gerenciadoras de salud que se constituyeron en la ciudad en los 90.

Las gerenciadoras
En la década del 90 hicieron su aparición en el mercado de salud nacional y local las gerenciadoras. Tienen como objetivo el beneficio empresario y la variable de ajuste será la limitación de la calidad y cantidad de la atención de la salud y los honorarios de los prestadores. Dicho término fue rápidamente asimilable a “intermediación parasitaria, vinculada al cobro de un porcentaje por administrar un contrato minimizando las prestaciones y no pagando a los prestadores o ajustando y achicando los efectores responsables de brindar la cobertura”.

1 - APREME S.R.L
Rafaela no fue la excepción. A mediados de los 90 se constituye Apreme SRL, sociedad constituida a instancias de los cuatro sanatorios locales, e integrada por sus socios mayoritarios, que administró varios convenios importantes como PAMI, OSECAC (mercantiles) y SMATA (mecánicos). Como dato anecdótico cabe mencionar que el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia “Ricardo Lorenzzetti” fue socio fundador y entre otros hechos, esto fue motivo para que la AMDC lo impugnara cuando fuera “candidato a la Corte” por considerarlo moralmente inhabilitado para ejercer tan alta función, asegurando públicamente que “fue socio originario de APREME, empresa cuyo objeto era gerenciar contratos relacionados con empresas de salud, entre otros, los contratos del I.N.S.S.J.P. - PAMI, y que durante la gestión del nominado se deterioraron los servicios a los jubilados y se radicaron numerosas denuncias en la Agencia local del PAMI”.
Durante años decidió sobre las condiciones de trabajo y remuneración de más de 600 profesionales (Médicos, Bioquímicos, Kinesiólogos) y decenas de Clínicas y Sanatorios y además establecía el tipo de prestaciones a brindar a decenas de miles de afiliados, residentes en los Dpto. Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, o sea 500 km. de Norte a Sur (desde San Martín de las Escobas hasta el Chaco).
Apreme negó sistemáticamente que sea titular del convenio PAMI, "ya que son los titulares de los sanatorios de toda la provincia los que accedieron al contrato mediante licitación pública legítimamente celebrada" aunque sanatorios y Apreme son las caras de una misma moneda.
Para contribuir a completar el entramado de relaciones personales, gremiales e interinstitucionales cabe agregar que el Intendente de la ciudad en el período 1995 - 2003, fue contador de la sociedad durante sus primeros años de mandato a cargo del poder ejecutivo.
La apreciación que tiene la mayoría de los profesionales médicos es que el modelo de gerenciadoras estuvo signado “tanto en Rafaela como en el resto del país por manejos oscuros, que en definitiva significaron años de deficiencias prestacionales, cobro de plus, sanatorios y empresarios ricos y médicos pobres...”
Durante el año 2001 las controversias internas en Apreme comenzaron a ventilarse públicamente (en algunas denuncias mediáticas se la llegó a denominar como una sociedad "rayana en lo delictual") y en una solicitada publicada en los diarios se reveló que "la relación entre los sanatorios y Apreme cesó en diciembre de 2001”.
La mención a esos "conflictos internos" tiene que ver con la ofensiva judicial que algunos de los socios de Apreme llevaban desde el año anterior contra uno de los socios que motorizó la cesión del gerenciamiento del Policlínico Rafaela a la gremial médica , dándole a ésta la posibilidad de contar con camas de internación, un requisito que hasta entonces no le permitía competir directamente por la administración de las prestaciones a obras sociales.

2- A.C.E. Rafaela - Agrupación de Colaboración Empresaria
Luego de la disolución de APREME, los dueños de los tres sanatorios (excluido el Policlínico Rafaela, que desde 2001 es administrado por AMDC) constituyen una nueva gerenciadora. Con la misma, pretenden darle continuidad a los “negocios” que venían realizando, adecuándose a las nuevas exigencias legales y reglamentarias dispuestas por la Superintendencia de Servicios de Salud a nivel nacional.
Una de esas “adecuaciones” fue constituir otra ACE denominada Prestadores del Noroeste Santafesino, que integran los sanatorios antes mencionados y otros cinco más de la región Norte de la Provincia de Santa Fe, que actuó operativamente como titular del convenio PAMI, pero que en realidad fue la ACE Rafaela la verdadera intermediaria y administradora.

En este contexto, Lorenzetti fue socio y apoderado de aquellas gerenciadoras del PAMI.
No es un detalle menor.
Hoy, aquel abogado rafaelino es el presidente del máximo tribunal de la Argentina hasta el año 2012.