lunes, 6 de julio de 2009

Posicionamientos, denuncias y cambios

ECOLOGIA | Por Sergio Rinaldi - Periodista - Miembro de la Coordinación del Taller Ecologista. Director del "Taller de Comunicación Ambiental”

Para este número presentamos el fuerte y claro “posicionamiento" del presidente del "Taller Ecologista" Rosario ante esta nueva embestida del sector de la construcción que pide "alocadamente" modificaciones al "código urbano" de nuestra ciudad. Finalmente noticias que nos llegan de Greenpeace Argentina e Internacional, donde hacen una denuncia para escuchar, conocer, y anuncian un cambio de Director Ejecutivo.

CÓDIGO URBANO PARTICIPACIÓN Y CRISIS
Por Pablo Bertinat*
Durante el año 2007 la Municipalidad de Rosario llevó adelante un proceso de Audiencia Pública para la discusión de la propuesta de nuevo Código Urbano. Este proceso fue saludado desde muchos espacios porque permitió en alguna medida la participación ciudadana en dicho debate.
En este proceso desde Taller Ecologista, acompañados por otras instituciones y personas, sostuvimos que los criterios a emplear a la hora de analizar las propuestas, debían tener en cuenta:
Dar solución a aspectos conflictivos existentes en el área central vinculados con la densidad edilicia y la concentración poblacional, tales como: pérdida de privacidad habitacional, dificultad para acceder al sol y al aire, contaminación atmosférica, niveles inadecuados de ruidos, insuficiencia de la infraestructura destinada al parque automotor y congestión vial en aumento, deficiencia del servicio de transporte público; incremento de consumos energéticos y emisiones contaminantes; impermeabilización excesiva del suelo público y privado; almacenamiento transitorio, recolección y traslado de crecientes volúmenes de residuos.
Evaluar cuali-cuantitativamente la posible progresión de los mencionados conflictos en el contexto del desarrollo edilicio propuesto para las áreas centrales, e iniciar el estudio y monitoreo de estas dinámicas en el resto de la ciudad.
Analizar la suficiencia de los espacios verdes públicos en cuanto a: superficie, accesibilidad, usos y biodiversidad que garantice funciones ecosistémicas posibilitadoras de servicios ambientales.
Incorporar el arbolado público y privado como patrimonio paisajístico y ambiental de la ciudad. A tal fin la Dirección de Catastro debiera guiarse por el inventario realizado por la Dirección de Parques y Paseos para que se garantice el cumplimiento de la Ordenanza N° 5.118 que impide la extracción de ejemplares del arbolado público para la realización de nuevas obras.
Garantizar el porcentaje necesario de superficie absorbente en espacios públicos y privados, para no dificultar aún más el funcionamiento del sistema de desagües teniendo en cuenta el comprobado aumento de las precipitaciones en cantidad e intensidad. Conservar - y donde sea posible recuperar- el acceso al sol, al aire renovado por brisas y vientos y al cielo, e incorporarlo como derecho ciudadano a través de la implementación de medidas que permitan mantener corredores de aire entre edificios, el ingreso de luz natural y la atenuación de temperaturas extremas a través de un manejo correcto de la forma y la materialización edilicia y urbana.
Asegurar la coherencia entre los instrumentos normativos, por lo que se debería considerar la modificación del Reglamento de Edificación para integrar medidas cuyo cumplimiento garantice aspectos tales como: permeabilidad necesaria del suelo; materialización adecuada de las envolventes edilicias para alcanzar mejores condiciones de confort reduciendo niveles de ruido, consumos y emisiones energéticas; protecciones apropiadas a las contingencias del cambio climático; relaciones racionales entre capacidad del soporte urbano y tecno-estructuras (instaladas y a instalar); cumplimiento de las normas existentes tendientes al Uso Racional de la Energía; solicitud de certificaciones de calidad e incorporación de fuentes de energías renovables en los sistemas constructivos.
Durante el proceso de debate observamos el fuerte lobby ejercido por las constructoras y algunos colegios profesionales para avanzar de cualquier manera avasallando la posibilidad de los vecinos del centro de mantener o mejorar su calidad de vida. Vimos también como fueron jerarquizados por el Ejecutivo los pedidos ejercidos por estos sectores en detrimento de las posiciones de los vecinos afectados por ejemplo.
Pareciera que la única forma de hacer negocios es construir en una determinada zona ya saturada y cada vez más compleja.
Hoy vivimos una nueva embestida de los mismos sectores, que escudados en una situación de crisis piden modificaciones a la reglamentación.
Cuando vivimos tiempos de bonanza económica no podíamos detener el “progreso” que significaban las obras y ahora en época de crisis no podemos hacerlo porque peligra la situación económica.
La situación planteada es la misma extorsión que vemos en la industria cuando nos dicen que lo importante son los empleos y si la empresa contamina es un problema secundario como si no pudiese abordarse las dos cosas al mismo tiempo.
Señor intendente, no se deje extorsionar, la ciudad no es el centro y el centro no se debe destruir. De seguir la tendencia actual, se va en camino a convertirlo en los tradicionales microcentros de las grandes ciudades, los cuales terminan deshabitados por el empeoramiento de la calidad de vida.
* Presidente del Taller Ecologista
Docente de UTN

OCHO ACTIVISTAS DE GREENPEACE ARGENTINA SERÁN LLEVADOS A JUICIO ORAL
Ocho activistas de Greenpeace serán llevados a juicio oral el próximo martes 16 de junio por la Fiscalía número 6, dependiente del Ministerio Público del Gobierno porteño, por haber desplegado un cartel gigante en el obelisco en el que denunciaban la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires en el conurbano bonaerense.
Los ocho jóvenes activistas de Greenpeace procesados, tres mujeres y cinco hombres de entre 20 y 43 años, están acusados de "violación de domicilio" y "daño agravado", en el marco de una demanda impulsada por el Ministerio Público porteño y que podría desembocar en una condena de prisión efectiva de cuatro años para todos los imputados.
"Resulta paradójico que se impulse el arresto de los activistas por denunciar la contaminación que la Ciudad produce en el Conurbano porque las autoridades del Gobierno porteño no cumplen con la Ley vigente en materia de residuos, que los obliga a reducir las toneladas de basura que son enterradas en los rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires", declaró María Eugenia Testa, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Durante todo el año 2008 y hasta la fecha, Greenpeace ha venido denunciando públicamente el incumplimiento de la Ley “Basura Cero” y, días atrás, la organización ambientalista dio a conocer un informe oficial en el que se corrobora la denuncia que los activistas hicieron pública al subirse al obelisco.
Según datos oficiales, el Ejecutivo porteño admite un aumento del 12,07% de la basura enterrada durante 2008 en relación al año anterior, y una disminución del 24% de los residuos reciclados. Por otro lado el informe oficial deja en claro la intencionalidad del gobierno de Mauricio Macri en el abandono y fracaso del sistema de gestión de residuos establecido por la Ley.
Sin embargo, la titular de la fiscalía número 6, Claudia Barcia, ha insistido en mantener una acusación que podría provocar que los activistas sean condenados a una pena de prisión efectiva por la supuesta comisión de los delitos de "daño agravado" y "violación de domicilio" (pese a que las pericias no comprobaron la denuncia). La causa promovida por Macri significa la criminalización de una protesta pacífica y pública, lo que demuestra claramente el desconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad del constitucional derecho de peticionar. Por otro lado, no existe la violación de domicilio en este hecho ni el delito de daño y menos daño agravado”, sostuvo Martín Prieto, director
Ejecutivo de Greenpeace Argentina. “Es evidente que al Gobierno de la Ciudad le molestó que denunciáramos su intencionalidad en desactivar el cumplimiento de la Ley de Basura Cero, cuyo resultado está hoy a la vista, no solo un documento oficial remitido por el Ejecutivo a la Legislatura confirma nuestras denuncias, sino que, además, en el mismo boletín oficial el Gobierno de la Ciudad informa que estará invirtiendo millones de pesos en dos nuevos rellenos para seguir enterrando basura y contaminando en el conurbano sin ningún compromiso serio de reducción”, dijo Prieto.
La Ley 1854 fue aprobada por unanimidad en el año 2005 en la Legislatura Porteña, y comenzó a implementarse en 2007. El objetivo de la norma es reducir progresivamente la cantidad de basura que se entierra en los rellenos sanitarios del conurbano, y provoca contaminación y enfermedades a las comunidades vecinas, hasta llegar a ‘Cero’. La meta inmediata establecida es reducir los residuos que se envían a rellenos en un 30% para el año 2010. Para lograrlo, la legislación dispone la implementación de medidas que promuevan la separación en origen, la contenerización diferenciada en la vía pública, y que garanticen la recolección diferenciada por parte de las empresas que brindan el servicio, con el fin de que no sean enviados a relleno materiales reciclables.
La Ciudad envía diariamente alrededor de 5.200 toneladas de basura al conurbano. Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos, se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua. Estudios realizados sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras enfermedades.

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