La adhesión al fondo creado con las retenciones a la soja

Por Silvana Depetris

Tras la oficialización de la creación del Fondo Federal Solidario financiado por las retenciones a la soja por parte del gobierno nacional, el cual establece la coparticipación a las provincias y municipios del 30 por ciento de lo que el Estado reciba en concepto de derechos a la exportación a esa oleaginosa, se generó el debate en las provincias, y por supuesto, Santa Fe no estuvo exenta.
En relación a ello, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner llamó a una reunión con las principales instituciones de la producción y el trabajo de la provincia, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes de comuna, a fin de evaluar la adhesión al fondo creado por el gobierno nacional para enviar a las provincias parte de lo que recauda en concepto de retenciones a las exportaciones de soja.
Vale recordar que la convocatoria a las principales instituciones de la producción y el trabajo, así como a intendentes, presidentes de comuna y legisladores, ha sido una modalidad utilizada por el gobernador en reiteradas oportunidades para definir temas importantes de la gestión, como el planteado por el conflicto del sector agropecuario con el gobierno nacional.
Antes de la mencionada reunión, el gobernador formuló declaraciones a la prensa al respecto y adelantó la adhesión al decreto.

¿Por qué adherir al decreto presidencial?
Nuestra posición es adherir porque es una forma de compensar el déficit que hoy tienen las provincias; y la Nación es la que realmente tiene que responder para ayudar a los municipios y comunas para salir adelante.

¿Qué cree que tuvo en cuenta la Presidenta cuando tomó esta decisión? ¿Por qué cree que la tomó ahora y con estas características?
La verdad que no conozco. Lo que sí puedo decir es que tenemos hoy tres crisis superpuestas y que complican realmente a la provincia. Una es la vinculada a la sequía, porque aunque llovió el campo no se ha recuperado, sobre todo en la zona ganadera donde hubo una gran mortandad de animales. La otra tiene que ver con ese largo conflicto que tenemos entre el campo y el gobierno y que podemos situarlo alrededor del 11 de marzo (de 2008), que es cuando se fijó el decreto de la (resolución) 125. Y la tercera, que agobia a todo el mundo, es esta crisis financiera internacional que tiene una gran repercusión en la Argentina y Santa Fe. Si nosotros vinculamos la ayuda de la Nación con una forma de sustentar a las provincias, no solamente a las productoras de soja, sería muy importante para ayudar a morigerar esta situación de crisis que estamos viviendo en el interior.

¿Cuáles son los puntos a tratarse en la reunión?
Nos vamos a reunir con todas las entidades. La provincia de Santa Fe es la única del país que sigue teniendo propuestas, no solamente para el campo sino para avanzar sobre la crisis que tenemos. La crisis que hoy vivimos es fundamentalmente de confianza. No es que nos falte liquidez; hay dinero en los bancos, en las instituciones, lo tienen los productores. Lo que tenemos que hacer es que ese dinero se vuelque al mercado para que la gente compre, venda; para que haya movimiento de trabajo, de producción y para exportar todos aquellos productos que hoy no consume la Argentina. Por eso creemos que hay dos cuestiones básicas: el pacto contra la pobreza, que consiste en sacarle el IVA a 20 ó 25 productos (pan, arroz, leche, huevos, carne, fideos) para que la gente pueda consumir; y fijar precios referenciales para que nadie incorpore a sus utilidades este descuento del IVA. Y en segundo lugar, exportar, porque todos estos alimentos que la Argentina produce tienen demanda en el mundo. Usted no está vendiendo hoy cosas que son prescindibles, sino productos que son necesarios para la vida humana. Por lo tanto, ahí tiene una gran oportunidad la Argentina. Pero tenemos que pacificar, no buscar la confrontación sino el acuerdo, la concertación; por eso es necesario tener un proyecto de Nación.

¿Qué les dice a los productores que bloquean el paso a los transportistas, por ejemplo?
Siempre tuvimos una política muy clara: nunca estuvimos a favor de los cortes de ruta, de ningún tipo.
Hay constitucionalistas que plantean que el decreto es inconstitucional y que las provincias que adhieran van a estar avalando algo inconstitucional ¿Esto está siendo tenido en cuenta?
Por supuesto, porque si es un porcentaje de las retenciones, es inconstitucional. La Constitución Nacional dice que los impuestos al comercio exterior, ya sean a las importaciones o exportaciones, no son coparticipables. Por lo tanto, este es un tema que está absolutamente definido en la Constitución. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional? Toma como valor de referencia un 30 por ciento del comercio exterior para decir, bueno, saco el dinero del Tesoro Nacional. Entonces, el gobierno nacional tiene la posibilidad de rescatar del Tesoro Nacional un equivalente de ese 30 por ciento de las retenciones para coparticipar a las provincias y a los municipios y comunas, que es en un grado superior a la coparticipación federal, que es de alrededor de un 13 por ciento. En esta oportunidad va a ser del 30 por ciento y nos parece muy bien, porque los municipios y comunas necesitan de una ayuda extra para poder salir adelante.

El debate
Durante el encuentro el tema fue analizado profundamente y se planteó la necesidad de poner en marcha los cinco puntos elevados al gobierno nacional como propuesta para salir de la crisis, que incluye la suspensión de las retenciones agropecuarias por 180 días.
Tras la apertura, a cargo del gobernador, representantes de distintos sectores plantearon, en un clima de asamblea, sus puntos de vista sobre el tema, proponiendo algunos la aceptación bajo protesto y otros el rechazo de la adhesión.
El gobernador aseguró que Santa Fe seguirá “batallando” por la quita de las retenciones a la producción agropecuaria, “porque estimamos que en 180 días podríamos generar una reactivación de la economía”, ya que aquí “no hay un problema de falta de liquidez sino de confianza. Hay grandes posibilidades de movilizar la economía si hay seguridad jurídica”. “Somos la única provincia que tiene un programa para el campo, no hay otro proyecto”, aseguró.
“Nosotros no bajamos nuestra bandera; no decimos «a cambio de las retenciones aceptamos esto», porque estamos convencidos que para movilizar la economía hoy hay que recurrir a la derogación de las retenciones por 180 días. Pero estamos convencidos de que este es un momento en el que hay que tomar decisiones, que no siempre son lo simpáticas que uno desea”, señaló el gobernador.
Más adelante, el primer mandatario salió al cruce de los planteos de algunos de los presentes que daban por sentado la aceptación de la medida por parte del gobierno. “No hay un acto de administración realizado sino que hay una posición política tomada”, aseguró Binner.

La propuesta de Santa Fe
El gobernador Hermes Binner propuso a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner un “Pacto Federal Fiscal contra la pobreza, en defensa del trabajo y la producción nacional”, que comprometa a la Nación, las Provincias y los Municipios, como un “aporte de ideas a fin de superar la crisis que nos toca transitar”.
En una carta dirigida a la primera mandataria, Binner puso a consideración una serie de medidas fiscales para compensar la pérdida de ingresos que supondría la suspensión por 180 días de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, propuesta por la provincia de Santa Fe.

A- Pacto federal fiscal
contra la pobreza
Consideramos imprescindible celebrar un Pacto Fiscal contra la pobreza, esto es, desgravar de impuestos los productos integrantes de la canasta básica total y los medicamentos, y compensar el costo fiscal resultante con aumentos del IVA sobre artículos suntuarios. Se facilita así el acceso a los bienes imprescindibles a los sectores que se encuentran debajo de la línea de la pobreza, como a los trabajadores informales y a aquellos que perciben los salarios y jubilaciones más bajos. Complementariamente, debe ser convocado un organismo rector con la debida representación de los Estados Provinciales, para establecer regionalmente precios de referencia de los productos alcanzados por esta exención impositiva.

B- Suspensión de las retenciones vigentes por 180 días para todas las exportaciones de la producción agropecuaria
Uno de los puntos fundamentales que hoy está en discusión deviene del rol e impacto de las retenciones. La población está a la espera de la resolución de un conflicto que multiplica a nivel interno los efectos de la situación internacional recesiva. La baja de los precios internacionales y una prolongada sequía han erosionado la rentabilidad de las explotaciones. Se requieren medidas que restituyan condiciones de rentabilidad para garantizar próximas siembras y cosechas, la continuidad del ciclo ganadero y la actividad agroindustrial. En abril de 2008 entregamos a Usted la Propuesta de Santa Fe para una Política de Desarrollo Agropecuario. En ese documento proponíamos que se revisaran las retenciones cada seis meses o por campaña y la formulación de un Plan Nacional Agropecuario en el marco del Consejo Federal Agropecuario Ampliado. Hasta tanto se acuerde una nueva política agropecuaria proponemos durante la presente emergencia la suspensión transitoria de las retenciones y de las restricciones a las exportaciones agropecuarias, sin afectar el abastecimiento del mercado interno.

A efectos de contribuir a la compensación tributaria de los ingresos públicos nacionales, se propuso:

1. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
Sin lugar a dudas cualquier sistema fiscal sólido y sustentable en el tiempo se basa en un tributo que grave las rentas de manera amplia y global, minimizando las exenciones y exclusiones tributarias. Todo tratamiento diferencial -y en la Argentina abundan- incrementa la posibilidad de fraude, elusión, evasión y mora fiscal. Cuando muchos sectores de nuestra economía comienzan a sentir las consecuencias de la recesión, resulta insostenible pensar que las rentas de colocaciones financieras y bursátiles, las rentas derivadas de títulos, letras y obligaciones negociables, entre otras, se encuentren exentas. Se propone la derogación de todas las exenciones existentes sobre este impuesto, salvo a las industrias culturales protegidas por las leyes de fomento y a los emprendimientos de la economía social.

2. Incremento de los aranceles de importación extra mercosur en defensa del trabajo argentino hasta los límites permitidos por los tratados vigentes
Es fundamental apostar al fortalecimiento del MERCOSUR – ALADI. Para ello, en el contexto de la crisis internacional que atravesamos y transitoriamente hasta la finalización de la Ronda de Doha y la definición de las políticas de subsidios a la producción en los países centrales sobre nuestros bienes exportables, se debe priorizar la defensa del trabajo y la producción nacional, incrementando los derechos de importación referidos a los bienes y servicios extrazona que compiten con los elaborados en el país. Dependiendo del impacto sobre los precios, podría apelarse a otras medidas transitorias de control del comercio exterior para defender el trabajo y la producción nacional. La imposición por parte del Congreso estadounidense del Compre U.S.A. y las fluctuaciones en los tipos de cambio que se advierten en el torbellino financiero global otorgan plena justificación a estas acciones en defensa del trabajo y de la producción nacional, especialmente de la cadena de valor metalmecánica y de las redes de Pymes del interior del país.

3. Profundización de la lucha contra la evasión, el fraude, la elusión y la mora fiscal.
Estamos convencidos de que las políticas de financiamiento del Estado, en sus distintos niveles, deben abordarse sin disgregar las políticas tributarias de las vinculadas a la administración del sistema. Adherimos a la opinión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias cuando afirma que…”se llegó a la convicción generalizada de que las alteraciones que pueden incorporarse a las legislaciones tributarias, solamente son efectivas en la medida de la eficacia con que actúen los órganos a cargo de la aplicación y control de los tributos”. Para ello es prioritario instrumentar el Organismo Tributario Federal previsto en la Constitución Nacional de 1994 para combatir el fraude, la evasión, la elusión y la mora, fortaleciendo las administraciones de los ingresos públicos de todos los niveles de gobierno.
Para dar cumplimiento a la Constitución Nacional en este punto, como en el de contar con una nueva ley de coparticipación, consideramos fundamental:
I) Fortalecimiento de la cooperación entre las Administraciones Tributarias:
Fortalecer la cooperación entre Administraciones Tributarias, ya que constituye una valiosa herramienta en materia de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y de lucha contra el fraude, la evasión, la elusión y cualquier otra forma de incumplimiento tributario.
II) Combatir la evasión fiscal: La provincia de Santa Fe, tomando como base las mejores prácticas organizacionales del país y del mundo, llevó adelante un importante relevamiento e intervención tributaria y territorial sobre uno de los sectores estratégicos para la economía del país: el sector portuario. El estudio ha comprendido casi 40 puertos que se ubican en el área ribereña del río Paraná y se ha realizado en forma conjunta con el Instituto Geográfico Militar y la Fuerza Aérea Argentina. Al inicio de nuestra gestión, la superficie declarada por la totalidad del sector portuaria rondaba los 615 mil metros cuadrados. Como consecuencia de la investigación fiscal y territorial –sin antecedentes– se han descubierto a la fecha 785 mil metros cuadrados sin declarar.
El primer informe derivado de esta investigación será enviado a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a las distintas Administraciones Tributarias subnacionales. El país, y también la provincia, han dejado atrás el modelo neoliberal más crudo de su historia. Sin embargo, sus consecuencias continúan hoy lacerando a todos sus habitantes. Es nuestra responsabilidad obrar en consecuencia e interpretar aquello que la sociedad demanda: justicia y equidad tributaria.

3. Compromiso fiscal para detener la fuga de capitales.
La defensa del trabajo y la producción nacional exigen un compromiso fiscal para evitar la fuga de capitales y sus consecuencias sobre los recursos públicos. A través de un organismo fiscal federal, los distintos niveles de gobierno deben pensar en un instrumento financiero que, a través de su intervención en la economía, permita un abordaje conjunto y solidario de todos los sectores de la economía nacional frente a la crítica situación fiscal que se atraviesa tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Debemos asumir conjuntamente la responsabilidad de diseñar este instrumento, apelando a la vasta experiencia mundial y a la correcta contextualización, para evitar que se profundice la fuga de capitales del país.
Proponemos también la ampliación del diferencial entre los tipos de cambio comprador y vendedor de operaciones financieras con el exterior, como instrumento para frenar los movimientos de capital de corto plazo y las compras de divisas para atesoramiento. El objetivo es proteger la posición de divisas del país. En la medida en que la balanza de pagos continuara registrando aquellas operaciones, el Banco Central operaría como perceptor de diferencias de tipos de cambio de operaciones financieras, que serían transferidas al presupuesto público.

5. FORTALECIMIENTO FISCAL DE LAS PROVINCIAS SEGÚN PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD.
El sistema impositivo basado en altos tributos no coparticipables ha imposibilitado a las provincias argentinas dar al impuesto inmobiliario la significación que merece. Este instrumento no es sólo de financiamiento del Estado, sino también regulador y promotor del uso del suelo. Por razones de justicia y equidad es necesario reconstruir los verdaderos valores de la tierra apelando al conocimiento exhaustivo de los territorios y de las variables sociales, urbanas y económicas que los influyen. De ahí que solicitamos a la Nación el acompañamiento y coordinación en la creación de observatorios de valores de la tierra, que permitan trabajar en la jerarquización de un tributo fundamental para los gobiernos subnacionales y en el marco de un Proyecto de Nación. Hemos evaluado con responsabilidad el impacto fiscal de nuestra propuesta de suspensión por 180 días de las retenciones agropecuarias. Estamos convencidos que las alternativas propuestas permitirán crear un ambiente de confianza y de tranquilidad para reencontrarnos en el camino de la producción y el trabajo que tanto necesitamos.